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noviembre 25, 2009

RECURSO SUBJETIVO O DE PLENA JURISDICCION

Filed under: JURISPRUDENCIA — jamilernesto @ 10:46 pm

RECURSO SUBJETIVO O DE PLENA JURISDICCION

 

El recurso subjetivo o de plena jurisdicción, ampara al recurrente para proteger su derecho subjetivo que emana de la ley o del contrato. Si el obrar de la administración niega al administrado en forma total o parcial su derecho desconociéndolo o negándose a reconocerlo, se conjugan los elementos que legitiman a la persona que tiene la calidad de administrado afectado, para recurrir ante el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Distrital. La oportunidad de proponer recurso subjetivo no es ilimitada en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fija término a la facultad del administrado para deducir la demanda por vía del recurso subjetivo; preceptuando que el derecho caduca si en el término de 90 días el interesado no propone la acción ante el Organo Jurisdiccional. SALA DE LO ADMINISTRATIVO.

Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2471.

(Quito, 6 de junio de 1997)

 

VISTOS: El Tribunal Distrital No 2 de lo Contencioso  Administrativo, en el fallo del 14 de junio de 1996, dentro de la acción planteada por el Capitán Juan Eduardez Preciado, por sus propios derechos, en contra de Transportes Navieros Ecuatorianos TRANSNAVE, acepta y declara con lugar la demanda, declara la nulidad y la ilegalidad del acto administrativo, dispone el reintegro del actor y el pago de todas las remuneraciones y demás beneficios, indicando en el considerando cuarto del pronunciamiento, que: “el accionante impugna el acto administrativo por haber sido destituído del cargo que ejercía como titular, lo que significa haber desconocido un derecho subjetivo que lo amparaba porque vulnera su interés directo.” Luego de las aclaraciones y ampliaciones, TRANSNAVE en base del escrito presentado por su Gerente General, plantea recurso de casación, lo que da lugar a que el expediente sea elevado a conocimiento de esta Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde se lo ha sustanciado, y concluído su trámite mediante la expedición de la providencia de autos en relación siendo el estado del proceso el de resolvérselo, a cuyo efecto se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla dada de conformidad con las disposiciones constantes en los artículos 126 y 127 de la actual Codificación de la Constitución Política y del artículo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO: Este recurso ha sido tramitado respetando las formalidades establecidas por la Ley antes citada. TERCERO: El recurso de casación, como especial y extraordinario, tiende a la defensa y la implementación de la legalidad de lo judicial, se basa en las acciones planteadas por quien estima se ha infringido su derecho subjetivo, y trae como resultado la defensa del derecho objetivo, mediante la implementación de la jurisprudencia obligatoria, uniformándose así las formas de aplicación, en relación con un punto concreto de derecho. CUARTO: En la especie, en el escrito de interposición, existe un primer punto a considerarse, y es el hecho dice relación a que se manifiesta que el recurso es subjetivo, dada la naturaleza de la impugnación, y por cuanto en la sentencia se dispone el pago de indemnizaciones, pero indicando que se ha producido la caducidad por el tiempo transcurrido. QUINTO: Efectivamente, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 3, párrafo segundo y tercero, establece los dos tipos de recursos, con estos textos: “El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara a un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. SEXTO: A su vez, como doctrina ecuatoriana, en el libro “La Nueva Justicia Administrativa” se manifiesta textualmente (pág. 62), el recurso subjetivo o de plena jurisdicción, ampara al recurrente para proteger su derecho subjetivo que emana de la ley o del contrato. Si el obrar de la administración niega al administrador en forma total o parcial su derecho desconociéndolo o negándose a reconocerlo, se conjugan los elementos que legitiman a la persona que tiene la calidad de administrado afectado, para recurrir ante el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Distrital, la oportunidad de proponer recurso subjetivo no es ilimitada en el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción, fija término a la facultad de la Administración para deducir la demanda por vía del recurso subjetivo; preceptuando que el derecho caduca si en el término de 90 días el interesado no propone la acción ante el Organo Jurisdiccional. A su vez, respecto al recurso objetivo o de anulación, el mismo texto en su foja 65 dice: la jurisprudencia de la justicia administrativa ecuatoriana, que se desprende del obrar del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dictar la norma dirimente de fallos contradictorios, publicada en el Registro Oficial No 722 de 9 de julio de 1991, expresa que el recurso objetivo, tiene por finalidad la tutela de una norma jurídico objetiva, afectada por el acto administrativo de carácter general. SEPTIMO: Aparece con claridad meridiana, que en el caso presente se trata de un recurso de plena jurisdicción o subjetivo, pues no emana de ningún acto de carácter general el derecho que pretende el actor; debiendo o mejor dicho habiendo debido el Tribunal Distrital antes de calificar la demanda presentada el 25 de octubre de 1994, estudiar si habían o no transcurrido los tres meses de término establecido por el primer inciso del artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que el actor, en el texto de su impugnación, página 2 del primer cuerpo del expediente, dice textualmente: “de la empresa hasta mi final despido, el mismo que se produjo el 23 de enero de 1990 al desembarcarme del buque que tripulaba. OCTAVO: En adición a lo dicho, es menester analizar que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para calificar la demanda, debió previamente estudiar el texto del artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que en el literal c) se norman entre otros, los asuntos que no corresponden a esta jurisdicción, puntualizando expresamente, los que dicen referencia a casos como el presente, y si bien el Tribunal de Garantías Constitucionales indicó que el personal de TRANSNAVE rige sus relaciones, unos con el Código del Trabajo y los directores con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, según estimaban de conformidad con el entonces artículo 125 de la Constitución Política, parte final, definitivamente, la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, dictaminó el 8 de noviembre de 1993 (Registro Oficial de 29 de noviembre de 1993), que no tiene valor legal la resolución dictada al efecto por el Tribunal de Garantías Constitucionales, puesto que, tanto el personal civil con nombramiento como el personal civil a contrato, de empresas como TRANSNAVE O FLOPEC, se ciñen a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas: desprendiendo o forma clara, la inhabilidad del inferior para tramitar la causa. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de casación propuesto y se deja sin valor legal la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Sin costas. Notifíquese. Dése cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Casación.

 

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