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noviembre 25, 2009

RECURSO DE ANULACION U OBJETIVO

Filed under: JURISPRUDENCIA — jamilernesto @ 10:45 pm

RECURSO DE ANULACION U OBJETIVO El recurso de anulación u objetivo cabe contra un acto administrativo general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, que regula un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las legales. El recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular, que inciden sobre un derecho subjetivo. No queda al criterio de los litigantes determinar la clase de recurso propuesto ni es facultad discrecional del juez calificar de que recurso de trata, puesto que, ambos recursos están taxativamente definidos en la ley. SALA DE LO ADMINISTRATIVO. Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 5. Pág. 1379. (Quito, 10 de enero de 1996) VISTOS: Ha venido este juicio contencioso administrativo No. 027-95, para conocer el recurso de casación presentado y concedido a la parte demandada, el Ministro de Energía y Minas, en la interpuesta persona del titular a esa fecha, el doctor Francisco Acosta Coloma (fs. 551 a 555 vta.), que objeta la sentencia dictada el 8 de julio de 1994 por el Tribunal Distrital No 2, con sede en Guayaquil (fs. 531 a 538 vta.), que aceptando la demanda deducida por el abogado Jorge Drouet Mármol, por sus propios derechos, en calidad de accionista de la Empresa Minera Cumbaratza S.A. (fs. 227 a 239), sin costas e indemnizaciones, declara con lugar el recurso de anulación u objetivo planteado., consecuentemente anula la aclaración y ampliación proveída por el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energético, Juez Especial de Minas, el 19 de abril de 1985, dentro del expediente administrativo No. 048-JEM, instaurado para investigar los cargos de incumplimiento de las cláusulas contractuales formuladas contra la concesionaria, Empresa Minera Cumbaratza S.A, referentes a la explotación de 30.000 hectáreas, otorgadas en la Escritura Pública de 28 de diciembre de 1978, en que se había dictado sentencia días antes, el 19 de marzo de 1985, el Ministro de Recursos Naturales y Energéticos Juez Especial de Minas, en que dispuso la continuación de los trámites precontractuales, en aplicación de la Ley de Fomento Minero, vigente a esa fecha, reconociendo la legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo últimamente nombrado; y, además el Tribunal Juzgador consignó: “que el Ministro de Energía y Minas procede a cumplir con la ley y celebre el contrato de explotación minera con la Empresa Minera Cumbaratza S.A. sobre la extensión en el área materia del contrato de explotación celebrado el 28 de diciembre de 1978 de acuerdo al memorándum 01801 DGGMAJ del Director General de Geología y Minas de 25 de marzo de 1985, según ordenaban los Arts. 20 y 70 de la entonces vigente ley de Fomento Minero, lo que incluirá el yacimiento de Nambija por haber aceptado el señor Ministro de Recursos Naturales y Energéticos el informe técnico final de la fase exploratoria que le fuera presentado” por la mencionada compañía. La acción contencioso administrativa de carácter objetivo pretendía: con la nulidad del acto administrativo de 19 de abril de 1985, la manifestación de legitimidad del acto administrativo de 19 de marzo de 1985, ambos dictados por el Juzgado Especial de Minas, y “la indemnización de daños y perjuicios que señala la Constitución Política, por el ingente perjuicio ocasionado a la empresa minera Cumbaratza por la expedición de ese ilegal acto administrativo” (sic). El recurso de casación deducido el 16 de agosto de 1994, se fundamenta en las causales 1ra. 2da. y 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, alegando: Las violaciones de los Arts: 6, 7, 21, 27, 32, 36, 176, 178, 184 y 185 de la Ley de Minería, al obligar al Ministerio de Energía y Minas a celebrar un contrato de explotación minera, figura inexistente y desaparecida; de los Arts: 34, 299, 300, 273 y 277 del Código de Procedimiento Civil, al exceder en las pretensiones, al disponer el fallo un contrato de explotación inexistente y otorgar un área adicional que jamás formó parte del área contratada como es Nambija; y, de los Arts: 125 y 220 de la Ley de Compañías, manifestando que el demandante no ha Comparecido en calidad de representante legal de la Empresa Minera Cumbaratza S.A., sino de accionista que no le compete comprometer a toda esa persona jurídica. El accionante abogado Drouet Mármol al contestar afirma que ha sido concedido indebidamente por la falta de legitimación del recurrente al no causar agravio la sentencia al Estado Ecuatoriano y por haberse propuesto, sin desistir, del recurso inexistente de apelación, que carece de errores jurídicos, dado que el contrato de explotación es el género y la concesión actualmente dispuesta es la especie, no siendo incompatible, en atención a ser la primera la vigente a la expedición del acto administrativo impugnado y estar contemplada en la Ley de Modernización, a la vez que la capacidad del Ministro de Energía y Minas surge del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, también que no se ha invocado representación legal de la Empresa Minera Cumbaratza y que Nambija se halla en el centro de la concesión, pues el derecho a determinar la zona corresponde al contratista que efectuó la exploración y no al Estado (fs. 6 a 29 de este cuaderno). La Procuraduría General del Estado sostiene en otros razonamientos: que el actor no tiene la calidad de titular del derecho y consiguientemente el interés directo, ya que el socio tiene interés indirecto (fs. 31 a 36 de este cuaderno). Procede resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala de Casación se encuentra respaldada en lo dispuesto en los Arts: 101 y 102 de la Constitución, en concordancia con el Art. 1 de la Legislación Especial que norma tal recurso. SEGUNDO: El escrito de interposición del recurso, respeta los Arts 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Casación, en lo atinente a la procedencia, legitimación, oportunidad y más requisitos formales, resultando pertinente la concesión proveída por el Inferior sin que tenga relevancia alguna la errada interposición del recurso de apelación que formulan a nombre del Ministro demandado (fs. 539 el 14 de julio de 1995, tres días después de notificada la sentencia objetada, debido a que no existe en nuestra legislación ese mecanismo de impugnación para las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos por el Tribunal Distrital, cuanto que ya se había ejecutoriado el 16 de agosto de 1995 (fs. 556) al presentar el accionante Ab. Jorge Drouet Mármol, la solicitud de aclaración y ampliación, tanto más que debe tenerse en cuenta, que en forma alguna la interposición ilegal de una petición en este caso, el recurso de apelación inexistente impedía la ejecutoria del Tribunal inferior como erradamente provee el auto de 19 de agosto de 1995 (fs. 557). TERCERO: En nuestro ordenamiento legal se encuentra plenamente establecido: 3.1. En manera general las decisiones de la administración dentro de un expediente administrativo son actos administrativos, no jurisdiccionales, salvo que expresamente el legislador por excepción le confiere esta calidad, indicando también el procedimiento o remitiéndose a una ley supletoria. 3.2. Expedido un acto administrativo, carece de facultad la Administración para en seguida modificarlo, a pretexto de ampliación o aclaración, ni mucho menos para revocarlo, pudiendo alterarse o desaparecer del mundo jurídico, luego de tramitar el respectivo recurso en sede administrativa o en la vía contencioso administrativa, en los casos previstos por la Ley. 3.3. El acto administrativo dictado, por el carácter de ejecutoriedad que posee, tiende inmediatamente a su ejecución por regla general, a menos que se haya diferido o se suspenda su cumplimiento sin limitación alguna, consecuentemente la notificación al administrado sirve de límite temporal para que pueda ejercer los recursos y las acciones concedidos por la ley, en el supuesto de que afectan derechos subjetivos, en que operando la caducidad. En la especie, el Art 98 de la Ley de Fomento Minero le concede a la resolución del Juez Especial de Minas de 19 de marzo de 1985, el carácter de fallo, que podría ser apelado: pero en manera alguna ese ordenamiento legal vigente a esa fecha, le facultaba para que supletoriamente se ubique el Código de Procedimiento Civil, para ampliar o aclarar tal resolución, y, en el caso de contravenir en la sustitución, al efectuar la reforma, le quedaba expedita; La pertinente acción contencioso administrativa. 3.4. El Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece los recursos de plena jurisdicción o subjetivo, y el de anulación u objetivo, que se completa la resolución de 24 de junio de 1991 (R.O. No. 722:91). Este último, recurso únicamente cabe contra un acto administrativo general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, esencialmente se trata de normas reglamentarias, que regulan un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las legales. Mientras que, el recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas individualizadas y determinadas. Además, debe recordarse que el criterio judicial nacional, en fiel aplicación de la ley, ha venido sosteniendo, que el recurso subjetivo se encuentra en íntima relación con un derecho subjetivo público, protegiendo a uno o varios individuos, afectando primordialmente bienes económicos, profesionales, patrimoniales, etc., decidiendo acerca de la validez del acto administrativo, las indemnizaciones y demás reclamaciones generadas por la lesión que causa el acto administrativo, y también sobre las costas; mientras, que el recurso objetivo, por el contrario, tiene como único y excluyente objeto, que se restablezca el imperio de la Ley, lesionada por el acto administrativo impugnado, puesto que considera solamente a la norma en si misma, expresamente identificada e individualizada, buscando restaurar el derecho normativo, pero prescindiendo de cualquier derecho subjetivo que pudiese invocar el accionante, u otras situaciones jurídicas que puedan tener los particulares, siendo improcedente pretender el pago de indemnizaciones o la devolución de bienes. Finalmente, como anteriormente se ha decidido, el recurso objetivo, busca la anulación del ilegal acto administrativo, debido a violaciones perpetradas en aspectos formales relacionados a la manifestación de voluntad de la administración o violaciones que afectan el objeto y fin de la gestión administrativa en aspectos materiales, así la competencia en razón de la materia y las personas o la desviación del poder en tales resoluciones, o sea que no están previstas en la ley. En el otro caso, el recurso subjetivo, busca exigir alguna acción o cosa a la Administración Pública o a las personas jurídicas semipúblicas, o viceversa, también es la facultad de éstas, a su vez para exigir algo al administrado, pero que en ambas situaciones, no es otra cosa. que la individualización del interés protegido, que constituye el derecho subjetivo, sea general o especial, excluyéndose el simple interés por la legalidad, que afectada indirectamente a los habitantes del Estado y sus organismos seccionales. En síntesis, tampoco queda al criterio de los justiciables determinar la clase de recurso contencioso administrativo propuesto; ni tampoco es facultad discrecional del juzgador el efectuar la calificación, debido a que taxativamente se encuentran definidos ambos recursos por la Ley, correspondiendo a los jueces señalar su naturaleza, en primer lugar el aceptar o negar al trámite la demanda y en forma definitiva al dictar sentencia. En la especie, la resolución de 19 de abril de 1985 el Juez Especial de Minas, no constituye un acto administrativo general, normativo y abstracto, sino que por la misma característica del fallo, es un acto administrativo que decide una situación de la Empresa Minera Cumbaratza S.A., que afecta particularmente sus derechos subjetivos, y por ende de los accionistas, pero no afecta a la generalidad o totalidad de los administrados, resultando improcedente la deducción del recurso objetivo. CUARTO: La alegada falta de aplicación de los Arts. 125 y 120 de la Ley de Compañías, que han causado a criterio del recurrente, omisiones de formalidades que inciden en la validez procesal no ha lugar, dado que según la Ley rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo que regula el accionar en este tipo de controversias, en el Art. 23 literal a), se faculta a demandar no solo a la persona jurídica, sino a la persona natural que tuviere interés directo en éllos, puesto que se persigue impere la legalidad en los actos de la administración, lo que hacen explicables los demás numerales de dicha norma, como la intervención del demandante; cuanto más, que, por interés directo se entiende gramaticalmente: la inclinación más o menos relevante del ánimo hacia un objeto, sin detenerse o encaminarse a otros factores, o sea que quien lo tiene es aquél que con fundamento puede invocar motivos legales para reclamar por el acto administrativo que le perjudica, aunque no tenga un derecho subjetivo. La Ley de Compañías es general, frente a la especial que es la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que impera exclusivamente en lo que dispone, cuanto que carece la primera de carácter supletorio; consecuentemente en la especie bien pudo presentarse como accionante impugnando el acto administrativo; la empresa minera Cumbaratza S.A., por la interpuesta persona de su representante legal; además, quien tiene interés directo en este caso, el accionista, Ab. Jorge Drouet Mármol; o, la misma Administración Pública por el recurso de lesividad. Luego, al haber deducido la demanda el nombrado accionista, en modo alguno ha producido equivocación jurídica dado que lo hizo por interés directo propio no en calidad de representante legal siendo improcedente la cita que trae el recurso del Art. 34 No. 2 del Código de Procedimiento Civil, así mismo la implícita alegación de nulidad procesal por ilegitimidad de personería. QUINTO: La afirmación de la errónea aplicación del Art. 277 del Código de Procedimiento Civil relacionada con la violación de las normas contenidas en la Ley de Minería, cuando en la sentencia de 3 de julio de 1994 se dispone que el Ministro de Energía y Minas celebre contrato de explotación minera con la Empresa Minera Cumbaratza S.A. habiendo tal institución jurídica desaparecido por la derogatoria de la Ley de Fomento Minero, que no puede el juzgador darle vigencia, es valedera; cuanto que hasta se contrapone a la aceptación que hace el fallo del Tribunal Inferior del recurso que califica ilegalmente de objetivo, dado que éste, en el supuesto de ser correcta su declaratoria, debería limitarse a reconocer la anulación del acto administrativo objeto de la impugnación, al tenor de los Arts. 3 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, anula la ampliación y aclaración referida haciendo en esta circunstancia el derecho para reclamar por algún hecho administrativo vigente que perjudique a los administrados, pero no procedía resolver aspectos de reparaciones económicas, que sólo se dan en el recurso subjetivo o de plena jurisdicción; unido, a que en el fallo o resolución expedida en la vía administrativa ministerial, únicamente se facultaba a esa Empresa a continuar los trámites precontractuales correspondientes a la fase de explotación, que son los previos, y diferentes a la celebración del indebido contrato de explotación minera que ordena. En tal virtud, se ha configurado la cuarta causar del Art. 3 de la Ley de Casación, al resolver asuntos fuera de la litis. Por lo expuesto, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, se casa la sentencia impugnada, rechazando el recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, que tiene el carácter de subjetivo, que ha caducado de conformidad a los prescrito en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin costas. Publíquese. Notifíquese. Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.

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