Jamilernesto's Blog

noviembre 25, 2009

RECURSO DE ANULACIÓN U OBJETIVO

Filed under: DOCTRINA — jamilernesto @ 8:53 pm

RECURSO DE ANULACIÓN U OBJETIVO

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 395 – 396

La acción dirigida a obtener la anulación de un acto administrativo reputado ilegal, aunque no haya habido violación de un derecho subjetivo, se denomina en el Derecho francés con el nombre de contencioso objetivo o de anulación o por exceso de poder.

La razón estriba en que, en este caso, el demandante no solicita el reconocimiento de situaciones jurídicas subjetivas, sino simplemente la anulación del acto que se impugna, como un medio de defensa del derecho objetivo violado.

Al contrario de lo que ocurre en la acción de plena jurisdicción, en el contencioso de anulación solo corresponde al tribunal resolver si el funcionario que dictó el acto de autoridad de que se reclama, tenía o no competencia para ello; en caso afirmativo, establecerá si lo ejecutó de acuerdo con los requisitos y formalidades legales o se excedió en sus facultades, así con dicho acto violó algún precepto legal.

Luego, por tales causales estrictamente legales, si el tribunal considera fundado el reclamo, solo puede anularlo, sin que pueda entrar al examen de los hechos.

Este proceso en el sistema francés es, en cierto modo, unilateral, puesto que la administración no es parte, y su intervención consiste más en informar que en defender. El juicio es una especie de procedimiento de contralor de legalidad, bien que esencialmente jurisdiccional. Pues, solo se trata de una controversia sin litigio, ya que no tiene contradictor.

Existe en este juicio un interés mayor en rever el acto y en conformarlo a la legalidad, que en dar razón a la administración pública o al particular reclamante.

En síntesis, en la acción de nulidad, el actor afirma simplemente que un determinado acto administrativo es ilegal, que infringe una norma superior de derecho a fin de que la jurisdicción declare su nulidad.

Por lo mismo, la pretensión no consiste en la afirmación de unos hechos o de una causa jurídica con base en la cal se reclame un derecho, sino exclusivamente en que se declare que un acto administrativo carece de valor jurídico, por los motivos que se señalen en la demanda.

EL CONTENCIOSO DE ANULACIÓN, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 414 – 415

 

Establecido este por nuestro Derecho, tal proceso se propone la protección del derecho objetivo y del interés legítimo, por cuya razón, se lo llama precisamente contencioso objetivo o de legitimidad.

Por tanto, lo que se reclama en esta acción no es el reconocimiento de un derecho subjetivo, civil o administrativo, sino la declaración de nulidad del acto administrativo cuando ese acto adolece de un vicio legal y lesiona un interés legítimo del accionante.

En este caso, entonces, el actor afirma simplemente que un determinado acto administrativo es ilegal, que infringe una norma superior de Derecho, a fin de que el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo declare su nulidad.

En tal sentido, la pretensión no consiste en la afirmación de unos hechos o de una causa jurídica  con base en la cual se reclame un derecho, sino exclusivamente en que se declare que un acto administrativo carece de valor jurídico, por ser contrario a normas de superior jerarquía, por los motivos que se señalen en la demanda; el vicio también puede consistir en la infracción de una regla de competencia por usurpación, exceso o desviación de poder, en la irregular expedición del acto o en la falsa motivación.

En síntesis, los vicios del acto que determinan su anulación se reducen a tres: incompetencia, omisión o violación de forma, ilegalidad de contenido del acto.

De suerte, pues, que el objeto del proceso por ilegitimidad es siempre el mismo, ya que su único fin es anular totalmente un acto respecto de todos (erga omnes).

Se trata de una sanción contra la transgresión de normas positivas obligatorias para la administración pública. Y aún cuando haya un interés diferencial entre quien promueva la acción y los terceros, el fin de la acción de anulación, es siempre asegurar la legalidad para todos los administrados.

Cuando no hay interés legítimo lesionado, directo o personal y actual, no procede acción, sino denuncia, en cuyo caso el tribunal es incompetente.

El procedimiento en la pretensión de anulación es en cierto modo de instrucción. La administración pública no es propiamente parte, y su intervención consiste más en informar que en defender, por lo que, se trata, pues, de una controversia sin litigio, pues dicha pretensión no tiene contradictor, porque no se reclama un derecho contra alguien, como sucede en la pretensión de plena jurisdicción. En realidad, se enjuicia el acto, y no a la administración pública.

Aunque la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa no regula específicamente el procedimiento indispensable para el ejercicio de la acción de anulación, el lineamiento doctrinal estriba en que tal procedimiento debe ser muy sumario. Desde luego, el escrito inicial debe tener la estructura del de demanda según el juicio de plena jurisdicción; esto es, debe explicarse claramente la causa petendi y el pétitum.

Si el Tribunal estima que la demanda es oportuna puede requerir informe y documentación de la administración pública. Los plazos deben ser breves.

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1 comentario »

  1. BUEN ARTICULO

    Comentario por jamilernesto — noviembre 25, 2009 @ 9:41 pm | Responder


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