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noviembre 25, 2009

RECURSO SUBJETIVO O DE PLENA JURISDICCION

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RECURSO SUBJETIVO O DE PLENA JURISDICCION

 

El recurso subjetivo o de plena jurisdicción, ampara al recurrente para proteger su derecho subjetivo que emana de la ley o del contrato. Si el obrar de la administración niega al administrado en forma total o parcial su derecho desconociéndolo o negándose a reconocerlo, se conjugan los elementos que legitiman a la persona que tiene la calidad de administrado afectado, para recurrir ante el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Distrital. La oportunidad de proponer recurso subjetivo no es ilimitada en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fija término a la facultad del administrado para deducir la demanda por vía del recurso subjetivo; preceptuando que el derecho caduca si en el término de 90 días el interesado no propone la acción ante el Organo Jurisdiccional. SALA DE LO ADMINISTRATIVO.

Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2471.

(Quito, 6 de junio de 1997)

 

VISTOS: El Tribunal Distrital No 2 de lo Contencioso  Administrativo, en el fallo del 14 de junio de 1996, dentro de la acción planteada por el Capitán Juan Eduardez Preciado, por sus propios derechos, en contra de Transportes Navieros Ecuatorianos TRANSNAVE, acepta y declara con lugar la demanda, declara la nulidad y la ilegalidad del acto administrativo, dispone el reintegro del actor y el pago de todas las remuneraciones y demás beneficios, indicando en el considerando cuarto del pronunciamiento, que: “el accionante impugna el acto administrativo por haber sido destituído del cargo que ejercía como titular, lo que significa haber desconocido un derecho subjetivo que lo amparaba porque vulnera su interés directo.” Luego de las aclaraciones y ampliaciones, TRANSNAVE en base del escrito presentado por su Gerente General, plantea recurso de casación, lo que da lugar a que el expediente sea elevado a conocimiento de esta Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde se lo ha sustanciado, y concluído su trámite mediante la expedición de la providencia de autos en relación siendo el estado del proceso el de resolvérselo, a cuyo efecto se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla dada de conformidad con las disposiciones constantes en los artículos 126 y 127 de la actual Codificación de la Constitución Política y del artículo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO: Este recurso ha sido tramitado respetando las formalidades establecidas por la Ley antes citada. TERCERO: El recurso de casación, como especial y extraordinario, tiende a la defensa y la implementación de la legalidad de lo judicial, se basa en las acciones planteadas por quien estima se ha infringido su derecho subjetivo, y trae como resultado la defensa del derecho objetivo, mediante la implementación de la jurisprudencia obligatoria, uniformándose así las formas de aplicación, en relación con un punto concreto de derecho. CUARTO: En la especie, en el escrito de interposición, existe un primer punto a considerarse, y es el hecho dice relación a que se manifiesta que el recurso es subjetivo, dada la naturaleza de la impugnación, y por cuanto en la sentencia se dispone el pago de indemnizaciones, pero indicando que se ha producido la caducidad por el tiempo transcurrido. QUINTO: Efectivamente, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 3, párrafo segundo y tercero, establece los dos tipos de recursos, con estos textos: “El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara a un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. SEXTO: A su vez, como doctrina ecuatoriana, en el libro “La Nueva Justicia Administrativa” se manifiesta textualmente (pág. 62), el recurso subjetivo o de plena jurisdicción, ampara al recurrente para proteger su derecho subjetivo que emana de la ley o del contrato. Si el obrar de la administración niega al administrador en forma total o parcial su derecho desconociéndolo o negándose a reconocerlo, se conjugan los elementos que legitiman a la persona que tiene la calidad de administrado afectado, para recurrir ante el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Distrital, la oportunidad de proponer recurso subjetivo no es ilimitada en el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción, fija término a la facultad de la Administración para deducir la demanda por vía del recurso subjetivo; preceptuando que el derecho caduca si en el término de 90 días el interesado no propone la acción ante el Organo Jurisdiccional. A su vez, respecto al recurso objetivo o de anulación, el mismo texto en su foja 65 dice: la jurisprudencia de la justicia administrativa ecuatoriana, que se desprende del obrar del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dictar la norma dirimente de fallos contradictorios, publicada en el Registro Oficial No 722 de 9 de julio de 1991, expresa que el recurso objetivo, tiene por finalidad la tutela de una norma jurídico objetiva, afectada por el acto administrativo de carácter general. SEPTIMO: Aparece con claridad meridiana, que en el caso presente se trata de un recurso de plena jurisdicción o subjetivo, pues no emana de ningún acto de carácter general el derecho que pretende el actor; debiendo o mejor dicho habiendo debido el Tribunal Distrital antes de calificar la demanda presentada el 25 de octubre de 1994, estudiar si habían o no transcurrido los tres meses de término establecido por el primer inciso del artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que el actor, en el texto de su impugnación, página 2 del primer cuerpo del expediente, dice textualmente: “de la empresa hasta mi final despido, el mismo que se produjo el 23 de enero de 1990 al desembarcarme del buque que tripulaba. OCTAVO: En adición a lo dicho, es menester analizar que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para calificar la demanda, debió previamente estudiar el texto del artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que en el literal c) se norman entre otros, los asuntos que no corresponden a esta jurisdicción, puntualizando expresamente, los que dicen referencia a casos como el presente, y si bien el Tribunal de Garantías Constitucionales indicó que el personal de TRANSNAVE rige sus relaciones, unos con el Código del Trabajo y los directores con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, según estimaban de conformidad con el entonces artículo 125 de la Constitución Política, parte final, definitivamente, la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, dictaminó el 8 de noviembre de 1993 (Registro Oficial de 29 de noviembre de 1993), que no tiene valor legal la resolución dictada al efecto por el Tribunal de Garantías Constitucionales, puesto que, tanto el personal civil con nombramiento como el personal civil a contrato, de empresas como TRANSNAVE O FLOPEC, se ciñen a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas: desprendiendo o forma clara, la inhabilidad del inferior para tramitar la causa. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de casación propuesto y se deja sin valor legal la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Sin costas. Notifíquese. Dése cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Casación.

 

RECURSO DE ANULACION U OBJETIVO

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RECURSO DE ANULACION U OBJETIVO El recurso de anulación u objetivo cabe contra un acto administrativo general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, que regula un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las legales. El recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular, que inciden sobre un derecho subjetivo. No queda al criterio de los litigantes determinar la clase de recurso propuesto ni es facultad discrecional del juez calificar de que recurso de trata, puesto que, ambos recursos están taxativamente definidos en la ley. SALA DE LO ADMINISTRATIVO. Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 5. Pág. 1379. (Quito, 10 de enero de 1996) VISTOS: Ha venido este juicio contencioso administrativo No. 027-95, para conocer el recurso de casación presentado y concedido a la parte demandada, el Ministro de Energía y Minas, en la interpuesta persona del titular a esa fecha, el doctor Francisco Acosta Coloma (fs. 551 a 555 vta.), que objeta la sentencia dictada el 8 de julio de 1994 por el Tribunal Distrital No 2, con sede en Guayaquil (fs. 531 a 538 vta.), que aceptando la demanda deducida por el abogado Jorge Drouet Mármol, por sus propios derechos, en calidad de accionista de la Empresa Minera Cumbaratza S.A. (fs. 227 a 239), sin costas e indemnizaciones, declara con lugar el recurso de anulación u objetivo planteado., consecuentemente anula la aclaración y ampliación proveída por el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energético, Juez Especial de Minas, el 19 de abril de 1985, dentro del expediente administrativo No. 048-JEM, instaurado para investigar los cargos de incumplimiento de las cláusulas contractuales formuladas contra la concesionaria, Empresa Minera Cumbaratza S.A, referentes a la explotación de 30.000 hectáreas, otorgadas en la Escritura Pública de 28 de diciembre de 1978, en que se había dictado sentencia días antes, el 19 de marzo de 1985, el Ministro de Recursos Naturales y Energéticos Juez Especial de Minas, en que dispuso la continuación de los trámites precontractuales, en aplicación de la Ley de Fomento Minero, vigente a esa fecha, reconociendo la legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo últimamente nombrado; y, además el Tribunal Juzgador consignó: “que el Ministro de Energía y Minas procede a cumplir con la ley y celebre el contrato de explotación minera con la Empresa Minera Cumbaratza S.A. sobre la extensión en el área materia del contrato de explotación celebrado el 28 de diciembre de 1978 de acuerdo al memorándum 01801 DGGMAJ del Director General de Geología y Minas de 25 de marzo de 1985, según ordenaban los Arts. 20 y 70 de la entonces vigente ley de Fomento Minero, lo que incluirá el yacimiento de Nambija por haber aceptado el señor Ministro de Recursos Naturales y Energéticos el informe técnico final de la fase exploratoria que le fuera presentado” por la mencionada compañía. La acción contencioso administrativa de carácter objetivo pretendía: con la nulidad del acto administrativo de 19 de abril de 1985, la manifestación de legitimidad del acto administrativo de 19 de marzo de 1985, ambos dictados por el Juzgado Especial de Minas, y “la indemnización de daños y perjuicios que señala la Constitución Política, por el ingente perjuicio ocasionado a la empresa minera Cumbaratza por la expedición de ese ilegal acto administrativo” (sic). El recurso de casación deducido el 16 de agosto de 1994, se fundamenta en las causales 1ra. 2da. y 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, alegando: Las violaciones de los Arts: 6, 7, 21, 27, 32, 36, 176, 178, 184 y 185 de la Ley de Minería, al obligar al Ministerio de Energía y Minas a celebrar un contrato de explotación minera, figura inexistente y desaparecida; de los Arts: 34, 299, 300, 273 y 277 del Código de Procedimiento Civil, al exceder en las pretensiones, al disponer el fallo un contrato de explotación inexistente y otorgar un área adicional que jamás formó parte del área contratada como es Nambija; y, de los Arts: 125 y 220 de la Ley de Compañías, manifestando que el demandante no ha Comparecido en calidad de representante legal de la Empresa Minera Cumbaratza S.A., sino de accionista que no le compete comprometer a toda esa persona jurídica. El accionante abogado Drouet Mármol al contestar afirma que ha sido concedido indebidamente por la falta de legitimación del recurrente al no causar agravio la sentencia al Estado Ecuatoriano y por haberse propuesto, sin desistir, del recurso inexistente de apelación, que carece de errores jurídicos, dado que el contrato de explotación es el género y la concesión actualmente dispuesta es la especie, no siendo incompatible, en atención a ser la primera la vigente a la expedición del acto administrativo impugnado y estar contemplada en la Ley de Modernización, a la vez que la capacidad del Ministro de Energía y Minas surge del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, también que no se ha invocado representación legal de la Empresa Minera Cumbaratza y que Nambija se halla en el centro de la concesión, pues el derecho a determinar la zona corresponde al contratista que efectuó la exploración y no al Estado (fs. 6 a 29 de este cuaderno). La Procuraduría General del Estado sostiene en otros razonamientos: que el actor no tiene la calidad de titular del derecho y consiguientemente el interés directo, ya que el socio tiene interés indirecto (fs. 31 a 36 de este cuaderno). Procede resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala de Casación se encuentra respaldada en lo dispuesto en los Arts: 101 y 102 de la Constitución, en concordancia con el Art. 1 de la Legislación Especial que norma tal recurso. SEGUNDO: El escrito de interposición del recurso, respeta los Arts 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Casación, en lo atinente a la procedencia, legitimación, oportunidad y más requisitos formales, resultando pertinente la concesión proveída por el Inferior sin que tenga relevancia alguna la errada interposición del recurso de apelación que formulan a nombre del Ministro demandado (fs. 539 el 14 de julio de 1995, tres días después de notificada la sentencia objetada, debido a que no existe en nuestra legislación ese mecanismo de impugnación para las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos por el Tribunal Distrital, cuanto que ya se había ejecutoriado el 16 de agosto de 1995 (fs. 556) al presentar el accionante Ab. Jorge Drouet Mármol, la solicitud de aclaración y ampliación, tanto más que debe tenerse en cuenta, que en forma alguna la interposición ilegal de una petición en este caso, el recurso de apelación inexistente impedía la ejecutoria del Tribunal inferior como erradamente provee el auto de 19 de agosto de 1995 (fs. 557). TERCERO: En nuestro ordenamiento legal se encuentra plenamente establecido: 3.1. En manera general las decisiones de la administración dentro de un expediente administrativo son actos administrativos, no jurisdiccionales, salvo que expresamente el legislador por excepción le confiere esta calidad, indicando también el procedimiento o remitiéndose a una ley supletoria. 3.2. Expedido un acto administrativo, carece de facultad la Administración para en seguida modificarlo, a pretexto de ampliación o aclaración, ni mucho menos para revocarlo, pudiendo alterarse o desaparecer del mundo jurídico, luego de tramitar el respectivo recurso en sede administrativa o en la vía contencioso administrativa, en los casos previstos por la Ley. 3.3. El acto administrativo dictado, por el carácter de ejecutoriedad que posee, tiende inmediatamente a su ejecución por regla general, a menos que se haya diferido o se suspenda su cumplimiento sin limitación alguna, consecuentemente la notificación al administrado sirve de límite temporal para que pueda ejercer los recursos y las acciones concedidos por la ley, en el supuesto de que afectan derechos subjetivos, en que operando la caducidad. En la especie, el Art 98 de la Ley de Fomento Minero le concede a la resolución del Juez Especial de Minas de 19 de marzo de 1985, el carácter de fallo, que podría ser apelado: pero en manera alguna ese ordenamiento legal vigente a esa fecha, le facultaba para que supletoriamente se ubique el Código de Procedimiento Civil, para ampliar o aclarar tal resolución, y, en el caso de contravenir en la sustitución, al efectuar la reforma, le quedaba expedita; La pertinente acción contencioso administrativa. 3.4. El Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece los recursos de plena jurisdicción o subjetivo, y el de anulación u objetivo, que se completa la resolución de 24 de junio de 1991 (R.O. No. 722:91). Este último, recurso únicamente cabe contra un acto administrativo general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, esencialmente se trata de normas reglamentarias, que regulan un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las legales. Mientras que, el recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas individualizadas y determinadas. Además, debe recordarse que el criterio judicial nacional, en fiel aplicación de la ley, ha venido sosteniendo, que el recurso subjetivo se encuentra en íntima relación con un derecho subjetivo público, protegiendo a uno o varios individuos, afectando primordialmente bienes económicos, profesionales, patrimoniales, etc., decidiendo acerca de la validez del acto administrativo, las indemnizaciones y demás reclamaciones generadas por la lesión que causa el acto administrativo, y también sobre las costas; mientras, que el recurso objetivo, por el contrario, tiene como único y excluyente objeto, que se restablezca el imperio de la Ley, lesionada por el acto administrativo impugnado, puesto que considera solamente a la norma en si misma, expresamente identificada e individualizada, buscando restaurar el derecho normativo, pero prescindiendo de cualquier derecho subjetivo que pudiese invocar el accionante, u otras situaciones jurídicas que puedan tener los particulares, siendo improcedente pretender el pago de indemnizaciones o la devolución de bienes. Finalmente, como anteriormente se ha decidido, el recurso objetivo, busca la anulación del ilegal acto administrativo, debido a violaciones perpetradas en aspectos formales relacionados a la manifestación de voluntad de la administración o violaciones que afectan el objeto y fin de la gestión administrativa en aspectos materiales, así la competencia en razón de la materia y las personas o la desviación del poder en tales resoluciones, o sea que no están previstas en la ley. En el otro caso, el recurso subjetivo, busca exigir alguna acción o cosa a la Administración Pública o a las personas jurídicas semipúblicas, o viceversa, también es la facultad de éstas, a su vez para exigir algo al administrado, pero que en ambas situaciones, no es otra cosa. que la individualización del interés protegido, que constituye el derecho subjetivo, sea general o especial, excluyéndose el simple interés por la legalidad, que afectada indirectamente a los habitantes del Estado y sus organismos seccionales. En síntesis, tampoco queda al criterio de los justiciables determinar la clase de recurso contencioso administrativo propuesto; ni tampoco es facultad discrecional del juzgador el efectuar la calificación, debido a que taxativamente se encuentran definidos ambos recursos por la Ley, correspondiendo a los jueces señalar su naturaleza, en primer lugar el aceptar o negar al trámite la demanda y en forma definitiva al dictar sentencia. En la especie, la resolución de 19 de abril de 1985 el Juez Especial de Minas, no constituye un acto administrativo general, normativo y abstracto, sino que por la misma característica del fallo, es un acto administrativo que decide una situación de la Empresa Minera Cumbaratza S.A., que afecta particularmente sus derechos subjetivos, y por ende de los accionistas, pero no afecta a la generalidad o totalidad de los administrados, resultando improcedente la deducción del recurso objetivo. CUARTO: La alegada falta de aplicación de los Arts. 125 y 120 de la Ley de Compañías, que han causado a criterio del recurrente, omisiones de formalidades que inciden en la validez procesal no ha lugar, dado que según la Ley rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo que regula el accionar en este tipo de controversias, en el Art. 23 literal a), se faculta a demandar no solo a la persona jurídica, sino a la persona natural que tuviere interés directo en éllos, puesto que se persigue impere la legalidad en los actos de la administración, lo que hacen explicables los demás numerales de dicha norma, como la intervención del demandante; cuanto más, que, por interés directo se entiende gramaticalmente: la inclinación más o menos relevante del ánimo hacia un objeto, sin detenerse o encaminarse a otros factores, o sea que quien lo tiene es aquél que con fundamento puede invocar motivos legales para reclamar por el acto administrativo que le perjudica, aunque no tenga un derecho subjetivo. La Ley de Compañías es general, frente a la especial que es la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que impera exclusivamente en lo que dispone, cuanto que carece la primera de carácter supletorio; consecuentemente en la especie bien pudo presentarse como accionante impugnando el acto administrativo; la empresa minera Cumbaratza S.A., por la interpuesta persona de su representante legal; además, quien tiene interés directo en este caso, el accionista, Ab. Jorge Drouet Mármol; o, la misma Administración Pública por el recurso de lesividad. Luego, al haber deducido la demanda el nombrado accionista, en modo alguno ha producido equivocación jurídica dado que lo hizo por interés directo propio no en calidad de representante legal siendo improcedente la cita que trae el recurso del Art. 34 No. 2 del Código de Procedimiento Civil, así mismo la implícita alegación de nulidad procesal por ilegitimidad de personería. QUINTO: La afirmación de la errónea aplicación del Art. 277 del Código de Procedimiento Civil relacionada con la violación de las normas contenidas en la Ley de Minería, cuando en la sentencia de 3 de julio de 1994 se dispone que el Ministro de Energía y Minas celebre contrato de explotación minera con la Empresa Minera Cumbaratza S.A. habiendo tal institución jurídica desaparecido por la derogatoria de la Ley de Fomento Minero, que no puede el juzgador darle vigencia, es valedera; cuanto que hasta se contrapone a la aceptación que hace el fallo del Tribunal Inferior del recurso que califica ilegalmente de objetivo, dado que éste, en el supuesto de ser correcta su declaratoria, debería limitarse a reconocer la anulación del acto administrativo objeto de la impugnación, al tenor de los Arts. 3 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, anula la ampliación y aclaración referida haciendo en esta circunstancia el derecho para reclamar por algún hecho administrativo vigente que perjudique a los administrados, pero no procedía resolver aspectos de reparaciones económicas, que sólo se dan en el recurso subjetivo o de plena jurisdicción; unido, a que en el fallo o resolución expedida en la vía administrativa ministerial, únicamente se facultaba a esa Empresa a continuar los trámites precontractuales correspondientes a la fase de explotación, que son los previos, y diferentes a la celebración del indebido contrato de explotación minera que ordena. En tal virtud, se ha configurado la cuarta causar del Art. 3 de la Ley de Casación, al resolver asuntos fuera de la litis. Por lo expuesto, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, se casa la sentencia impugnada, rechazando el recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, que tiene el carácter de subjetivo, que ha caducado de conformidad a los prescrito en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin costas. Publíquese. Notifíquese. Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.

LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

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LA COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE, En ejercicio de sus atribuciones, y por haber recibido dictamen favorable de la Comisión Auxiliar de Legislación Administrativa, expide la siguiente: LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA CAPITULO I Del Ejercicio de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa Art. 1.- El recurso contencioso – administrativo puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante. Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso – administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos. Art. 3.- El recurso contencioso – administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo. El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. Nota: Respecto a un acto administrativo de carácter general, puede interponerse recurso objetivo o de anulación, cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva; o recurso de plena jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del recurrente. Disposición dada por Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, publicada en Registro Oficial 722 de 9 de Julio de 1991. Art. 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá: 1.- Por Administración Pública: a) La administración del Estado, en sus diversos grados. b) Las entidades que integran la administración local dentro del régimen seccional. c) Los establecimientos públicos creados como tales y regulados por leyes especiales. 2.- Por personas jurídicas semipúblicas, las creadas y reguladas como tales por la ley, cualquiera sea su denominación, inclusive la de personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública. Art. 5.- Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero trámite, si estas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que pongan término a aquella o haga imposible su continuación. La administración obra en ejercicio de sus facultades regladas cuando debe ceñir sus actos a las disposiciones de una ley, de un reglamento o de cualquier otro precepto administrativo. Se presume establecido el derecho en favor del recurrente, cuando la disposición que se cree infringida reconoce ese derecho. Art. 6.- No corresponden a la jurisdicción contencioso – administrativa: a) Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de los cuales procede o de la materia sobre que verse, se refieren a la potestad discrecional de la administración. b) Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de otras jurisdicciones. c) Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como aquellas que afectan a la defensa del territorio nacional, a las relaciones internacionales, a la seguridad interior del Estado y a la organización de la Fuerza Pública, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación corresponde a la jurisdicción contencioso – administrativa. d) Las resoluciones expedidas por los organismos electorales. e) Las resoluciones que se dicten con arreglo a una ley que expresamente les excluya de la vía contenciosa. Nota: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene jurisdicción, ni las Salas que lo integran, competencia, para conocer y resolver las controversias que los servidores públicos amparados por el Código del Trabajo promovieron contra las personas jurídicas creadas por ley o acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos o para la realización de actividades económicas asumidas por el Estado. Disposición dada por Resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, publicada en Registro Oficial 716 de 1 de Julio de 1991. Nota: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de jurisdicción para conocer de los recursos y acciones que los estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas planteen respecto de las sanciones disciplinarias que les impongan las autoridades de dichos centros docentes. Disposición dada por Resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, publicada en Registro Oficial 715 de 28 de Junio de 1991. Art. 7.- Corresponde especialmente a la potestad discrecional: a) Las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene públicas, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan dar lugar tales disposiciones. b) Las resoluciones sobre concesiones que se solicitaren de la administración, salvo las que versaren sobre concesiones regladas por la ley. c) Las decisiones que nieguen o regulen gratificaciones o emolumentos no prefijados por una ley o reglamento, a los funcionarios públicos que presten servicios especiales. Art. 7-A.- El Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, Organismo de función jurisdiccional, estará dotado de autonomía en el ejercicio de las funciones que la Ley le asigne. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 1077 publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. CAPITULO II De la Organización y Funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo Art. 8.- El Tribunal de lo Contencioso – Administrativo con sede en la Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional, estará formado por dos Salas integradas por tres Magistrados cada una. Para su designación se procederá en la misma forma que para los Magistrados de la Corte Suprema. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 9.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo se requieren los mismos requisitos que para ser Ministro de la Corte Suprema, y los demás establecidos en las leyes. El Magistrado del Tribunal estará sujeto a iguales prohibiciones, responsabilidades y causales de cesación que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo: a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad; b) Conocer y resolver en única instancia de las resoluciones de la Contraloría General de la Nación que establezcan responsabilidad en la gestión económica estatal o municipal o de otras instituciones sometidas al control o juzgamiento de aquélla; Conocerá también los juicios de excepciones a la coactiva originados en resoluciones dictadas por la Contraloría General de la Nación; Conocerá y resolverá igualmente en única instancia, de las acciones de prescripción de los créditos fiscales, estatales, locales o seccionales o de las Instituciones Públicas originados en decisiones de la Contraloría General, que se hubieren promovido o se promuevan por los directamente interesados, así como de las excepciones que se propongan en procedimientos coactivos instaurados para el cobro de créditos provenientes de resoluciones dictadas por la Contraloría General de la Nación. Nota: Inciso último del literal b), agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Nota: Por Decreto Supremo No. 1065-A, publicado en Registro Oficial 668 de 28 de Octubre de 1974: Interpretase el literal b) del Art. 10, reformado por el Decreto Supremo No. 1077, de 11 de Septiembre de 1973, publicado en el Registro Oficial No. 392, de 17 de los mismos mes y año, en el sentido de que “también corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conocer y resolver según dicho Decreto, en única instancia, de las acciones de prescripción de los créditos fiscales, locales o seccionales, o de Instituciones Públicas, originadas en decisiones firmes de la Contraloría General, que se hubieren promovido o se promuevan por los directamente interesados. Consecuentemente, se faculta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a sus respectivas Salas, para que, sin nuevo sorteo, dicten sentencia sobre esas acciones o demandas de prescripción, aunque hubieren dictado resolución negativa, aduciendo incompetencia, sin que por ello pueda invocarse cosa juzgada”. c) Conocer y resolver en apelación de las resoluciones de la Junta de Reclamaciones prevista en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; d) Conocer y resolver en única instancia, lo concerniente a las violaciones de la Ley que regula la carrera administrativa, que no estuvieren en el caso del literal anterior; y e) Los demás que fijare la Ley. Nota: “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se halla investido de jurisdicción y competencia para conocer y resolver las impugnaciones a los actos administrativos que se considere que lesionan derechos de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, salvo cuando dichos actos provengan de hechos tipificados como infracciones de carácter penal por las leyes militares y que, en consecuencia, estén sujetos a dicho fuero”. Disposición dada por Resolución en Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, publicada en Registro Oficial 576 de 4 de Diciembre de 1990. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 11.- La representación legal, oficial y administrativa del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, corresponde al Presidente del Organismo, quien será elegido por los Magistrados que componen las dos Salas y de entre sus Miembros Titulares, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos, dentro de los diez primeros días de Enero de cada año, salvo casos y circunstancias especiales. El Presidente del Tribunal lo será de la Sala a la que pertenece debiendo la otra Sala, por su parte, elegir su Presidente. Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 11-A.- Por ausencia, enfermedad o impedimento temporal del Presidente del Tribunal, le subrogará el Presidente de la Sala siguiente; pero en la Presidencia de su Sala, le subrogará el Magistrado más antiguo, según el orden de su nombramiento, procedimiento que, en iguales casos, se observará en la otra Sala para la subrogación del Presidente. En caso de falta o vacancia del cargo de Presidente del Tribunal, ejercerá la Presidencia, como interino, el Presidente de la otra Sala, mientras se designe el nuevo Presidente para completar el período; y para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales será llamado el Conjuez respectivo. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 11-B.- En cada una de las Salas, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento temporal de algún Magistrado, de oficio o a petición de parte, el Presidente o quien le subrogue, llamará para integrar la Sala al respectivo Conjuez, y si éste se hallare impedido o fuera del lugar llamará al Conjuez que le siga en el orden de su nombramiento. En caso de ausencia o impedimento de todos los Conjueces Permanentes de la Sala, se llamará a los de la otra Sala, siguiendo el orden de sus nombramientos; y, por ausencia, excusa o impedimento de todos los Conjueces del Tribunal, el Presidente de la Sala respectiva o quien le subrogue designará un Conjuez Ocasional. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 12.- Los Conjueces Permanentes y los Ocasionales reunirán los mismos requisitos que para ser magistrado del Tribunal, pero respecto de aquellos no regirán las incompatibilidades y prohibiciones legales, salvo la prescrita en el inciso cuarto del Art. 4 de la Ley Orgánica de la Función Judicial para los Ministros de la Corte Suprema. Art. 13.- En todos los casos de vacancia de alguna magistratura del Tribunal, mientras se designe el titular por el Congreso o en receso de éste, por la Corte Suprema de Justicia reunida en pleno, actuará como Magistrado Interino su respectivo Conjuez, quien reemplazará al principal en todas las funciones administrativas y jurisdiccionales. Por excusa o impedimento legal de este Conjuez, el Tribunal en pleno designará al Interino. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 611 publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 13-A.- Son atribuciones del Tribunal en Pleno: 1. Elegir anualmente a su Presidente; 2. Conocer de la excusa o renuncia a la dignidad de Presidente, y elegir en todo caso de vacancia del cargo de Presidente al que deba reemplazarlo por el tiempo que falte para terminar el período de la designación; 3. Nombrar y remover conforme a la Ley, al Secretario General, al Secretario de la Segunda Sala y demás personal administrativo, a pedido de las Salas; 4. Designar Magistrado Interino, en el caso previsto en el Art. 13 de la Ley; 5. Designar Conjueces Permanentes del Tribunal; 6. Conceder licencia a los Magistrados, Funcionarios y empleados del Tribunal por un tiempo mayor al prescrito en el literal c) del Art. 14; 7. Dictar el Reglamento Interno del Tribunal y aprobar sus reformas; 8. Expedir normas sobre ordenación y trámite de los procesos; 9. Dictar en los casos de fallos contradictorios, por mayoría de votos la disposición que debe regir para el futuro, con carácter obligatorio, mientras no se disponga lo contrario por la Ley; 10. Modificar de oficio o a petición fundamentada de la autoridad administrativa interesada o de una de las Salas, la disposición obligatoria pronunciada en el caso del ordinal anterior, siempre que se juzgue conveniente en relación con los intereses del Estado. 11. Aprobar la proforma presupuestaria del Tribunal y enviarla a los organismos correspondientes; 12. Promover la difusión del Derecho Administrativo, de la Jurisprudencia y de la Doctrina, para lo que editará periódicamente el Boletín Oficial del Tribunal; y, 13. Los demás que se le atribuyan, conforme a la Ley. Nota: Artículos agregados por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 14.- Corresponde al Presidente del Tribunal: a) Convocar y presidir las sesiones y audiencias del Tribunal. b) Representar al Tribunal y suscribir las comunicaciones oficiales. c) Conceder licencia a los magistrados, funcionarios y empleados del Tribunal, hasta por cuatro días. El Presidente podrá ausentarse del Tribunal por igual tiempo, previo aviso a éste. d) Informarse del estado de las causas y promover su pronto despacho. e) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y en el Reglamento. Art. 15.- En caso de ausencia, enfermedad o impedimento temporal del Presidente le subrogarán los demás magistrados, por orden de antigüedad, computada a partir de la fecha de sus nombramientos; y si ésta fuera igual, según la precedencia de los nombramientos. Art. 16.- En el Tribunal habrá un Ministro de Sustanciación, y en este cargo se turnarán semanalmente todos los magistrados, inclusive los interinos. Art. 17.- Corresponde al Ministro de Sustanciación dictar los decretos de trámite, aunque este relatada o fallada la causa. De los decretos del Ministro de Sustanciación se podrá apelar, en los casos en que fuere procedente, para ante los restantes magistrados del Tribunal. Art. 18.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán responsables en el ejercicio de su función, en los términos previstos en la Sección 36 del Título II del Código de Procedimiento Civil; gozarán de fuero de Corte Suprema y no podrán ser juzgados sino por el Organismo que tiene competencia para juzgar a los Ministros de la Corte Suprema, siguiendo el mismo procedimiento consultado para dichos Ministros. No podrán ser removidos por la Autoridad nominadora sino por dolo, negligencia, ineptitud manifiesta o incapacidad física o mental en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de otras causas previstas en la Ley. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán asimilados en categoría a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y gozarán de las mismas remuneraciones que a estos últimos se asignen en el Presupuesto de la Función Judicial. Los conjueces percibirán los mismos emolumentos que establece la Ley para los conjueces de la Corte Suprema. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 1077 publicado en el Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 19.- Los Secretarios de las Salas del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo serán abogados y no podrán ejercer la profesión ni desempeñar ninguna otra función pública o privada. Igual prohibición afectará a los demás funcionarios y empleados del Tribunal. El Secretario de la Primera Sala lo será también del Tribunal Pleno y del Presidente; y en estas funciones se denominará “Secretario General”. En caso de falta, licencia o excusa, le sustituirá el Secretario de la Segunda Sala y en falta de éste se nombrará uno Ad – hoc. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Nota: Inciso segundo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. CAPITULO III De las Excusas y Recusaciones Art. 20.- Los magistrados deberán excusarse por los siguientes motivos, pudiendo ser recusado si no lo hicieren: a) Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los interesados en los juicios que se tramitan, en su condición de demandantes o autoridades demandadas, sus representantes legales o mandatarios y los asesores que intervengan en el procedimiento, o con los terceros que, conforme a lo dispuesto en el Art. 25 de esta Ley, tienen la calidad de coadyuvantes. b) Tener interés personal en el asunto de que se trate. c) Ser acreedores, deudores o socios del actor, sus apoderados o representantes, salvo cuando la parte actora sea institución de crédito o de seguro. d) Haber sido apoderados o defensores en el mismo asunto. e) Haber dictado la resolución impugnada, o haber intervenido con consejo o dictamen en la instancia administrativa, respecto de la controversia que se decida en el Tribunal. f) Tener amistad íntima o enemistad con alguna de las partes, sus abogados o sus apoderados; o con alguna de las personas mencionadas en el literal a) de este artículo. g) Figurar como parte en un juicio similar, pendiente de resolución. Las causas previstas en los literales anteriores son inallanables. Art. 21.- Propuesta la excusa o recusación, pasará a conocimiento de la Sala que calificará la excusa o resolverá acerca de la recusación. Si hubieren hechos justificables, el Presidente concederá el término de prueba de seis días y, vencido éste, se pronunciará la Sala. La resolución que dictare será inapelable. El Presidente de la Sala convocará al Conjuez que deba integrarla para el conocimiento de la resolución. En el caso de excusa, la calificación se efectuará por el Ministro o Ministros que no se hubieren excusado; y si en la excusa estuvieren comprendidos todos los integrantes de la Sala, el Presidente convocará a los Conjueces. CAPITULO IV Del Procedimiento Contencioso Administrativo Art. 22.- La mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la autorización o licencia del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, en su caso. Art. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones de la administración, pueden comparecer: a) La persona natural o jurídica que tuviere interés directo en ellos. b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, semipúblico, que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que el recurso tuviera por objeto la impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus intereses. c) El titular de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el restablecimiento de la misma. d) El órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo proscrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por si mismo. Art. 24.- La demanda se podrá proponer contra: a) El órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiera el recurso. b) Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición. Art. 25.- Pueden también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del demandado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivare la acción contencioso – administrativa. Art. 26.- Cuando la personería de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el sucesor en el derecho puede continuar la causa, en cualquier estado de la misma. Art. 27.- Las partes pueden comparecer por si mismas o por medio de un procurador que las represente y, en ambos casos, deberán estar patrocinados por un abogado; de lo contrario, no se dará curso a ningún escrito ni se aceptará intervención alguna. Art. 28.- La representación y defensa del Estado y de sus instituciones en el proceso contencioso – administrativo, será ejercida de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Patrocinio del Estado. Art. 29.- La representación y defensa de otras personas jurídicas de derecho público, y de las personas jurídicas semipúblicas, corresponde a los respectivos personeros legales, sea que litiguen entre si o contra la administración del Estado, o con los particulares. Nota: Ver Módulo Público, LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, Registro Oficial 335, 9 de junio de 1998, Ley 91, artículo 12. Art. 29-A.- La competencia para el conocimiento y resolución de los juicios que se presenten al Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, se radicará en las Salas por sorteo legal. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 30.- La demanda debe ser clara y contener: a) El nombre del actor e indicación de su domicilio y lugar donde deben efectuarse las notificaciones en la ciudad de Quito, sede del Tribunal, y dentro del perímetro legal. b) La designación del demandado y el lugar donde debe ser citado. c) La designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la resolución o acto impugnado. d) Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión. e) La indicación de haber precedido la reclamación administrativa del derecho, en los casos expresamente señalados por la ley, ante los funcionarios competentes, y su denegación por parte de éstos. f) La pretensión del demandante. g) La enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir. En esta clase de juicios no se podrá cambiar o reformar la demanda en lo principal. Art. 31.- Al escrito de demanda deben acompañarse necesariamente: a) Los documentos justificativos de la personería cuando no se actúe en nombre propio, a menos que se haya reconocido dicha personería en la instancia administrativa. b) La copia autorizada de la resolución o disposición impugnada, con la razón de la fecha de su notificación al interesado, o, en su defecto, la relación circunstanciada del acto administrativo que fuere impugnado. c) Los documentos que justifiquen haber agotado la vía administrativa y que el reclamo ha sido negado en ésta. Se entenderá haber negativa si transcurrieren treinta días sin que la autoridad administrativa que pudo dejar sin efecto el acto lesivo, haya dado resolución alguna, salvo el caso que la ley señale un plazo especial. Art. 32.- Si la demanda fuere oscura, irregular o incompleta, el Magistrado de Sustanciación (sic) ordenará que el actor la aclare, corrija, concrete o complete, en el término de cinco días; y si el actor no lo hiciere, rechazará la demanda. El decreto respectivo será notificado al interesado y a las autoridades demandadas. El actor podrá pedir una prórroga prudencial del término, que no excederá de ocho días, salvo que por circunstancias especiales que se invoquen proceda a conceder una mayor. Art. 33.- Presentada la demanda, el Magistrado de Sustanciación dispondrá que se cite al funcionario representante de la dependencia administrativa, de la que haya emanado (sic) el acto o resolución que motiva la demanda, y se le entregue la copia de ésta. Si el acto administrativo proviniere del Ejecutivo, o si, en general, la acción se propusiere contra el Estado o sus instituciones, la demanda se citará al Procurador General del Estado. La demanda contra las otras personas que integran la administración local dentro del régimen seccional o contra los establecimientos públicos y personas jurídicas semipúblicas, se citarán a sus personeros legales, sin que sea menester contar con el Procurador General del Estado, quien, no obstante, tendrá las atribuciones del supervigilancia que le confiere la ley. El Ministro de Sustanciación dispondrá se haga conocer la demanda presentada a la persona natural o jurídica en cuyo favor derivare el acto o resolución administrativa que se impugne, y a fin de que pueda hacer valer los derechos que les concede el Art. 25 de esta Ley. Nota: Inciso final agregado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 34.- El demandado tendrá el término de quince días para contestar la demanda y proponer conjuntamente todas las excepciones dilatorias y perentorias de que se crea asistido. El mismo término concederá el Tribunal al funcionario o empleado, que tenga a su cargo el archivo en donde se encuentre el expediente administrativo, para que lo remita. Si el funcionario o empleado responsable no remitiere el expediente administrativo al tribunal, éste podrá insistirle imponiéndole multa de veinte a cincuenta sucres por cada día de retardo, o atenerse a las afirmaciones del administrado, de juzgarlo procedente. Para el efecto, el interesado indicará al funcionario o empleado que tenga a su cargo el archivo en donde se encuentre el expediente administrativo. Art. 35.- En la contestación, el demandado expondrá los fundamentos de hecho y de derecho de sus excepciones, se referirá a todas las impugnaciones del actor, enunciará las pruebas que va a rendir y señalará domicilio dentro del perímetro legal en la ciudad de Quito. Art. 36.- Al contestar la demanda, el demandado presentará los documentos en que funda su derecho, y si no obraren en su poder, designará el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentran. Art. 37.- Si el demandado no contestare la demanda dentro del término concedido para el efecto, a solicitud del actor, será declarado en rebeldía; se le hará conocer esta providencia y no se contará más con el. Pero si el rebelde compareciere, se lo oirá, y tomará la causa en el estado en que la encuentre. Art. 38.- Con la contestación de la demanda se mandará notificar al actor, y en la misma providencia, caso de haber hechos que deban justificarse, se abrirá la causa a prueba por el término de diez días, en el cual se practicarán las diligencias probatorias que se solicitaren. Cuando la controversia versare exclusivamente sobre cuestiones de derecho, contestada la demanda se notificará a las partes, y sin otra sustanciación el Tribunal pronunciará sentencia en el término de doce días. Art. 39.- Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio serán los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil, excepto la confesión judicial, que no podrá pedirse al representante de la Administración; pero en su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán sometidas en vía de informe, por las autoridades o funcionarios de la Administración, a quienes conciernan los hechos controvertidos. Art. 40.- El Tribunal podrá también disponer, de oficio y antes de sentencia, la práctica de las pruebas que estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto controvertido. Art. 41.- Concluido el término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, dentro de doce días. En el tiempo que decurre desde la conclusión del término de prueba hasta la expedición de la sentencia, podrán las partes presentar informes en derecho o solicitar audiencia de estrados, para alegar verbalmente. En los informes en derecho o en la audiencia en estrados no podrán plantearse cuestiones extrañas a los asuntos materia de la litis. Art. 42.- Tanto las excepciones dilatorias como las perentorias y, en general, todos los incidentes que se suscitaren durante el juicio, no serán de previo o especial pronunciamiento y se resolverán en sentencia, salvo el que se proponga para la suspensión del procedimiento de ejecución. Art. 43.- Para que haya resolución del Tribunal se necesita dos votos conformes, por lo menos. Si por discordancia no pudiere obtenerse mayoría, se llamarán tantos Conjueces cuantos fueren necesarios para formarla. Art. 44.- Firmarán las resoluciones todos los magistrados y Conjueces que hubieren votado, aún cuando alguno o algunos hayan sido de opinión contraria a la de la mayoría. En las resoluciones se indicarán los votos salvados, que se redactarán por separado. Art. 45.- En el Tribunal habrá un libro que estará a cargo del Presidente, y en él constarán los votos de los magistrados o conjueces que se separen de la mayoría; votos que se redactarán al tiempo de dictarse la respectiva resolución y serán suscritos por todos los magistrados o Conjueces, y autorizados por el Secretario. Se dará copia autorizada de estos votos a quien lo solicite, a su costa. Art. 46.- Los magistrados ante quienes se hubiere hecho la relación de una causa, serán los que la resuelvan, excepto en los casos siguientes: a) Pérdida o suspensión total de las jurisdicción, menos en el de licencia que no exceda de un mes. b) En los de imposibilidad física o mental, o de ausencia fuera del territorio del Estado, que pasaren de un mes. Ejecutoriada la providencia en que se llama a un Conjuez, intervendrá éste hasta que se resuelva la causa, salvo las excepciones establecidas en los incisos anteriores, o el de estar impedido de ejercer la profesión de abogado. Se entenderá resuelta la causa, para los efectos de este artículo, ya sea que se falle los puntos sometidos al conocimiento del Tribunal, ya sea que se declare la nulidad del proceso. Art. 47.- El Tribunal no puede revocar ni alterar en ningún caso, el sentido de la sentencia pronunciada; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro del término de tres días. Art. 48.- La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre costas. Para la aclaración o la ampliación se oirá, previamente, a la otra parte. Art. 49.- Los Magistrados o Conjueces que hubieren formado parte del Tribunal que resolvió la causa, serán también los que lo compongan para conocer de las solicitudes de aclaración y ampliación del fallo expedido. CAPITULO V Del Desistimiento y del Allanamiento Art. 50.- El demandante podrá desistir de la acción o recurso contencioso – administrativo, y para que el desistimiento sea válido se requiere la concurrencia de los requisitos puntualizados en los Arts. 403 y 404 del Código de Procedimiento Civil, y 21 de la Ley de Patrocinio del Estado, y los demás establecidos en la ley, en su caso. Art. 51.- El desistimiento será admisible en cualquier estado de la causa, antes de dictarse sentencia, y producirá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Civil. Art. 52.- Si fueren varios los demandantes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido. Art. 53.- Los demandados podrán allanarse al recurso contencioso administrativo, mediante escrito en el que se reconozca la verdad de la demanda, y, si es del caso, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Patrocinio del Estado, y de lo que, para el efecto, disponga la ley. Art. 54.- Si el demandado se allanare, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia aceptando la demanda, salvo si ello implicará infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso dictará la sentencia que estime legal. Art. 55.- Si fueren varios los demandados, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no se hubieren allanado. Art. 56.- Si propuesta la demanda en lo contencioso administrativo, la Administración demandada reconociese totalmente en vía Administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal. El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del proceso. Art. 57.- Si el procedimiento en la vía de lo contencioso – administrativo se suspendiere de hecho durante un año por culpa del demandante, se declarará, a petición de parte, el abandono de la instancia, y éste surtirá los efectos previstos en el Código de Procedimiento Civil. Art. 58.- El término para el abandono de la instancia correrá desde la fecha de la última diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición o reclamación constante de autos. CAPITULO V-A De las excepciones al procedimiento de ejecución y de su trámite Nota: Capítulo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-A.- Al procedimiento de ejecución de créditos fiscales, locales o seccionales o de las instituciones públicas que proceden de resoluciones firmes de la Contraloría General, no podrán proponerse otras excepciones que las siguientes: 1) Incompetencia del funcionario ejecutor; 2) Ilegitimidad de personería del coactivado; 3) Inexistencia de la obligación; 4) Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en la Ley; 5) Encontrarse en trámite o pendiente de resolución en la Contraloría General de la Nación un reclamo administrativo, petición de reapertura de cuentas u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión; 6) Duplicación de títulos respecto de una misma obligación y de una misma persona; y, 7) Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito; por quebrantamiento de normas que rigen su emisión o por falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. No podrán oponerse las excepciones 2o. y 3o. de este artículo, cuando los hechos en que se fundamenten hubieren sido discutidos y resueltos en la etapa administrativa o en la contenciosa en su caso. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-B.- Las excepciones se presentarán ante el ejecutor, dentro de treinta días contados desde el día siguiente al de la notificación del auto de pago y su presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, mientras el Magistrado de Sustanciación de la Sala a la que corresponda el sorteo, no disponga lo contrario por el mérito de las excepciones deducidas, por la circunstancia de hallarse vigente la caución rendida para el desempeño de su cargo, si el coactivado fuese o hubiere sido empleado público, o por haberse rendido fianza por el máximo que la Ley exige para cargos semejantes de no haber sido empleado caucionado. La providencia del Magistrado de Sustanciación que ordene la suspensión se notificará al funcionario ejecutor, por oficio, sin perjuicio de la notificación por boleta en el domicilio que hubiere señalado. El funcionario ejecutor desechará de plano las excepciones presentadas fuera del término establecido en este artículo. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-C.- Si el ejecutor se negare a recibir el escrito de excepciones, podrá ser presentado a éste por intermedio de cualquier autoridad administrativa o judicial, la que dispondrá que, dentro de veinte y cuatro horas, se notifique y entregue al funcionario ejecutor el mencionado escrito con la fe de presentación respectiva. En el mismo supuesto podrá presentarse directamente el escrito de excepciones en el Tribunal Contencioso – Administrativo; y, en tal caso, el Presidente de este Organismo dispondrá que el Secretario General notifique la presentación de excepciones, mediante oficio, al funcionario ejecutor, ordenándole proceder como se indica en el artículo siguiente. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-D.- Presentadas las excepciones en el término legal, o notificada su recepción en los casos previstos en el artículo anterior, el funcionario ejecutor remitirá al Tribunal Contencioso – Administrativo, en el término de cinco días, copia del proceso coactivo, de los documentos anexos y de las excepciones deducidas, con las observaciones que estimare del caso. En la misma providencia que ordene la remisión al Tribunal Contencioso – Administrativo, o por oficio, el funcionario ejecutor señalará domicilio en Quito para sus notificaciones. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-E.- Al escrito de excepciones son aplicables, en lo que fuere pertinente, las disposiciones de los artículos 30 y 32 de la Ley; y, si ninguna de las excepciones propuestas corresponde a las permitidas en el artículo primero de este Capítulo que por este Decreto se manda añadir, o si el excepcionante no las aclara o completa en el tiempo que se le hubiere concedido para el efecto, la respectiva Sala del Tribunal las rechazará de plano, sin más sustanciación y dispondrá la continuación de la causa. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-F.- Recibidas las copias y más documentos del proceso coactivo, y verificado el sorteo entre las dos Salas, el Magistrado de Sustanciación de la que corresponda, mandará notificar el particular al excepcionante y al ejecutor si hubiere señalado domicilio en la sede del Tribunal. Mandará también notificar las excepciones y la razón de sorteo al Contralor General de la Nación y a la autoridad administrativa interesada de la Institución acreedora del crédito que se ejecuta, con quienes se contará en la causa. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-G.- Los notificados de las excepciones tendrán el término de cinco días para que las contesten; y vencido este plazo, con la contestación o sin ella, se concederá término probatorio de haber hechos que justificar. En caso contrario, se notificará a las partes para sentencia. Vencido el término probatorio y actuadas las diligencias pedidas por las partes a las que el Tribunal hubiere dispuesto de oficio, se pronunciará sentencia en el término de doce días. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-H.- Si los vicios referentes al título de crédito o al procedimiento de ejecución fueren subsanables, como los que signifiquen errores de hecho o de cálculo que no conlleven la nulidad, se ordenará en la sentencia que la Autoridad correspondiente verifique la enmienda, y efectuada, que continúe la ejecución. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-I.- Cuando de la proposición de las excepciones o de la tramitación de éstas apareciere manifiesta la intención de solo provocar un incidente que retrase la ejecución, en la sentencia que las deseche se concederá en costas al excepcionante y podrá imponérsele, además, una multa de S/. 500,00 a S/. 2.000,00. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 58-J.- En todo lo que no estuviere expresamente previsto en este Capítulo se aplicarán las demás de este Código, y en su falta, las normas que regulan el Contencioso – Tributario y subsidiariamente las del Código de Procedimiento Civil. Nota: Artículo Agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. CAPITULO VI De la Nulidad de las Resoluciones en la Instancia Administrativa y de lo Contencioso – Administrativo Art. 59.- Son causas de nulidad de una resolución o del procedimiento administrativo: a) La incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia. b) La omisión o incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento, de acuerdo con la ley cuya violación se denuncia, siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión. Art. 60.- El Tribunal, al tiempo de expedir sentencia, examinará conjuntamente los vicios de nulidad y la cuestión o cuestiones controvertidas. Art. 61.- Si el Tribunal llegare a declarar la nulidad del trámite administrativo, ordenará la reposición del mismo al estado que correspondiere. Cuando el procedimiento contencioso – administrativo adoleciere de vicios que causen su nulidad, ésta será declarada y se ordenará la reposición del proceso. La nulidad declarada no comprenderá a los documentos públicos o privados que se hubieren presentado. CAPITULO VII De la Ejecución de la Sentencia y su Nulidad Nota: Título de Capítulo sustituido por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 62.- Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo se notificarán a las partes y se ejecutarán en la forma y términos que en el fallo se consignen, bajo la personal y directa responsabilidad de la autoridad administrativa a quien corresponda. Art. 63.- No podrán suspenderse o dejar de ejecutarse las sentencias confirmatorias de las resoluciones de la Administración, a menos que tales resoluciones se hubieren expedido sobre materias atribuidas expresamente por la Ley a algún Organo Administrativo o Jurisdiccional distinto del que dictó la resolución, o el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo no hubiere sido competente para conocer y fallar sobre el asunto y se propusiere demanda de nulidad de la sentencia, antes de que ésta haya sido ejecutada. Se entenderá ejecutada la sentencia, para estos efectos, cuando hubiere sido cumplida en todas sus partes. Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Nota: DISPOSICION TRANSITORIA DECIMO OCTAVA DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA: El recurso de nulidad previsto en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 611, publicado en el Registro Oficial No. 857, del 31 de julio de 1975, sustitutivo del Art. 63 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, será interpuesto, a partir de la fecha de vigencia de estas reformas constitucionales, para ante la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Los recursos de nulidad que hubieren sido presentados antes de la vigencia de estas reformas constitucionales, y que no hubieren sido resueltos, pasarán a la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Constitución de la República dada por Ley No. 25, publicada en Registro Oficial 183 de 5 de Mayo de 1993. Nota: La Disposición Final de la Constitución de 1998, publicada en Registro Oficial 1 de 11 de Agosto de 1998, deroga la Constitución entonces vigente. Art. 63-A.- La nulidad de la sentencia se propondrá ante la Sala del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo que no haya dictado la sentencia cuya nulidad se demanda y será conocida y resuelta por el Tribunal integrado por los tres Ministros de esta Sala más dos Ministros Conjueces elegidos por sorteo de entre todos los Conjueces del Tribunal. En caso de falta o excusa de cualquiera de los Magistrados o Conjueces que integran el Tribunal que va a conocer la nulidad demandada, el Presidente de la Sala o quien lo subrogue llamará al Conjuez respectivo o al que le siga en el orden de su nombramiento, si el que debe ser llamado integra ya el Tribunal; y de no existir Conjueces hábiles, se designará los Ocasionales, que fuesen necesarios. No obstante, no habrá lugar a esta acción si el motivo o fundamento de la demanda hubiere sido materia de discusión en el procedimiento contencioso – administrativo y de resolución en sentencia. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 63-B.- Por imposibilidad legal o material para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso – Administrativo no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser que se indemnice al perjudicado por el incumplimiento, en la forma que determine el propio Tribunal. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 63-C.- Si la acción de nulidad fuese desechada en sentencia, sin perjuicio de ordenar la ejecución del fallo, se condenará al demandante al pago de costas y a la indemnización de daños y perjuicios que hubieren sido demostrados, por la demora en la ejecución de la sentencia, y fueren determinados por el Tribunal. Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 611, publicado en Registro Oficial 857 de 31 de Julio de 1975. Art. 64.- El Tribunal, mientras no conste de autos la total ejecución de la sentencia o el pago de las indemnizaciones señaladas, adoptará, a petición de parte, cuantas medidas sean adecuadas para obtener su cumplimiento, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio ejecutivo. Los funcionarios o empleados administrativos que retardaren, rehusaren o se negaren a dar cumplimiento a las resoluciones o sentencias del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, estarán incursos en lo preceptuado en el numeral 4o. del Art. 277 del Código Penal. Nota: Inciso final agregado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 Septiembre de 1973. CAPITULO VIII Disposiciones Generales Art. 65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna. En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años. Nota: Artículo sustituido por Art. 2 de Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 483 de 28 de Diciembre del 2001. Art. 66.- De la demanda, solicitud, pedimento, alegato o cualquiera otra exposición pertinente, la parte que la presente está obligada a acompañar, autorizadas con su firma y con la del abogado que la patrocina, tantas copias en papel común como partes intervengan, para ser entregadas a cada una de las partes. Art. 67.- Los escritos que presente el demandante serán extendidos en papel de cuantía indeterminada, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente. A la terminación del juicio se habilitará el papel en la cuantía que corresponda. Los escritos a nombre de la Administración Pública y de entidades semipúblicas se extenderá en papel simple. Art. 68.- La actuaciones y diligencias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se practicarán en días y horas hábiles, pero las empezadas en horas hábiles podrán continuarse hasta su terminación. Art. 69.- Son días hábiles para las actuaciones y diligencias procesales todos los del año, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, excepto los feriados. Fuera de los días y horas hábiles no se podrá practicar ninguna diligencia procesal, sino habilitándolos previamente, de oficio o a petición de parte, y con justa causa, salvo los casos en que, por disposición especial, se ordene lo contrario. La habilitación y notificación respectivas se harán siempre en día y hora hábiles. En todos los días hábiles habrá despacho durante ocho horas, de ocho a doce de la mañana y de dos a seis de la tarde, durante las cuales podrán expedirse providencias. Art. 70.- No se tendrá por feriados otros días que los indicados en la Ley Orgánica de la Función Judicial, y los señalados como tales por leyes especiales. Art. 71.- En cuanto al decurso, suspensión y forma de computar los términos se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Art. 72.- Los Tribunales y Juzgados de la jurisdicción ordinaria auxiliarán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el cumplimiento de las diligencias que éste les encomendare, e igual auxilio prestarán las autoridades y funcionarios del orden administrativo, cuando el caso lo requiera. Art. 73.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en las sentencias que expidiere usará la siguiente forma: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley”. Los despachos y ejecutorias del Tribunal se encabezarán así: “La República del Ecuador y, en su nombre y por autoridad de la Ley, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. Art. 74.- Cuando en asuntos contencioso – administrativos se suscitare competencia positiva o negativa, del Tribunal o cualquiera otra autoridad, sea del orden que fuere, la dirimirá una de las Salas de la Corte Suprema designada por sorteo. Art. 75.- El administrado podrá solicitar la suspensión del procedimiento coactivo, mientras se tramita la causa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando tal procedimiento se hubiere iniciado en virtud de una resolución o acto administrativo que haya causado estado y que implique una obligación económica a favor de la Administración. El Tribunal ordenará dicha suspensión siempre que se afiance el interés económico de las entidades públicas o semipúblicas; caso contrario, continuará la ejecución. El interés económico de dichas entidades se afianzará: a) Depositando en el Banco Central del Ecuador, o en sus Agencias, a la orden del Tribunal, la cantidad demandada y los intereses devengados hasta la fecha del depósito, más un diez por ciento de dicha cantidad, por intereses a devengarse y costas. b) Asegurando la obligación con hipoteca, prenda o fianza bancaria, o en otra forma a satisfacción del Tribunal. El acto de constitución de hipoteca, prenda o fianza, así como su cancelación, solo causarán los derechos o impuestos fijados para los actos de cuantía indeterminada. Art. 76.- Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, en ningún caso se suspenderá la ejecución o cumplimiento del acto administrativo. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo e inciso anterior los recursos que se propusieren contra resoluciones que expidiere la Contraloría General de la Nación en el juzgamiento de Cuentas, siempre que el rindente hubiere prestado caución para el desempeño del cargo. Cuando no la hubiere prestado o no la mantuviere vigente al momento de promover su acción, se le exigirá garantía hasta la cantidad de cincuenta mil sucres, o en proporción a las cauciones que para cargos semejantes suele exigirse. Nota: Inciso final agregado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Art. 77.- En todo lo no previsto en esta Ley se aplicarán, en cuanto fueren pertinentes, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Art. 78.- Deróganse todas las disposiciones legales por las que se otorga al extinguido Consejo de Estado competencia para conocer, en apelación, de las resoluciones administrativas, que hayan causado estado. En su lugar concédese a los administrados la acción contencioso – administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. Art. 79.- Quedan derogadas las disposiciones legales de carácter contencioso – administrativo que se opongan a la presente Ley, más no las que regulan el procedimiento administrativo, conforme a las leyes especiales vigentes. Las resoluciones que dictaren los organismos establecidos en esas leyes especiales son de carácter administrativo, y de ellos habrá lugar al recurso contencioso – administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. Art. 79-A.- Las disposiciones legales que establecen expresamente que de las resoluciones de las autoridades administrativas se puede recurrir ante los jueces comunes, quedan reformadas en el sentido de que los interesados podrán interponer demanda ante el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. Nota: Artículo dado por Decreto Supremo No. 1077, publicado en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. Disposiciones Transitorias: PRIMERA.- Los procesos que en virtud de recurso contencioso administrativo interpuesto ante el consejo de Estado hubieren quedado pendientes de resolución al 11 de julio de 1963, serán conocidos por el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. Los interesados podrán solicitar al Tribunal de lo Contencioso – Administrativo que disponga la remisión de los procesos. SEGUNDA.- Para el abandono y prescripción de las acciones no se tomará en cuenta el lapso comprendido entre el 11 de julio de 1963 y la fecha de vigencia de la presente Ley. Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Concédese al Tribunal de lo Contencioso Administrativo competencia especial para conocer y resolver los juicios que hubiesen sido propuestos sobre las materias que, conforme al presente Decreto se declaren de su privativa incumbencia. Tales juicios continuarán su tramitación desde el estado en que se encontraren, hasta su resolución. Nota: Disposición dada por Decreto Supremo No. 1077, publicada en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. SEGUNDA.- Los juicios que por efectos del presente Decreto pasan a ser de competencia especial del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, que se hallaren en trámite y pendientes de resolución, pasarán a conocimiento del indicado Tribunal dentro de los treinta días siguientes a la expedición de esta Ley. El Tribunal de lo Contencioso – Administrativo avocará conocimiento de tales juicios en el estado procesal en que se hallaren, continuará su trámite y dictará las resoluciones que corresponden. Nota: Disposición dada por Decreto Supremo No. 1077, publicada en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. TERCERA.- Las causas que al momento se hallen en trámite en el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo y las que deben ser remitidas para su conocimiento, serán sorteadas entre las dos Salas para efectos de radicar la competencia en la forma legal. Nota: Disposición dada por Decreto Supremo No. 1077, publicada en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973. CUARTA.- Por esta sola vez, el señor Presidente de la República designará a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso – Administrativo. Nota: Disposición dada por Decreto Supremo No. 1077, publicada en Registro Oficial 392 de 17 de Septiembre de 1973.

Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo-Demanda

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Señores Ministros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Fiscal Nro. 5, con Sede en Loja. Yo……………………………., ecuatoriano, C.C. ………………, de estado civil …………….., de profesión …………………., domiciliado en esta ciudad de Loja, de su jurisdicción, comedidamente ante su digna Autoridad comparezco, para exponer y solicitar lo siguiente: PRIMERO.- Notificaciones y Autorización:- Posteriores notificaciones recibiré en la Casilla Judicial Nro. …… del Distrito Judicial de Loja; y, autorizo en forma expresa al Doctor Jamil Ernesto Hurtado Reyes, Abogado, para que en mi nombre y representación firme todo escrito que sea necesario en la defensa del presente juicio, hasta su culminación. SEGUNDO.- Entidad Demandada:- El Órgano de la Administración Pública contra el que se plantea la presente acción es …………………….., debidamente representado por su presidente, el doctor ……………………….. TERCERO.- Autoridad de la que emana el Acto Administrativo Impugnado:- La autoridad de la que emana el acto administrativo impugnado materia de la presente Acción Contencioso Administrativa, es ………………… CUARTO.- Fundamentos de Hecho.- 1.- Conforme consta de la copia debidamente certificada de la Resolución …………….., que en una foja adjunto, vendrá a su conocimiento que el día ……. de ………. del año ……………. fui designado en calidad de ………………. 2.- Asimismo, mediante oficio Nro. ……………, suscrito por el Dr. …………….., Secretario General del …………………….., con fecha ………. de …………. del año …………….., dirigido al señor Doctor ……………….., Presidente del ………………, mediante el cual se le comunica que ………………., en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en sesión ordinaria del día ………… de ………… de ……………, adoptó la resolución ………….., que en su parte pertinente, textualmente dice lo siguiente: “………………….…”, particular con el que se me notificó dando por terminada mi relación con el ……………….., con fecha ………. de …………. del ……………. 3.- Cabe destacar, que la notificación de la resolución referida en el numeral anterior, llegó mediante fax, al …………………. el día …………… de …………… del año ………………., y su ratificación el día ……………. de ……………. del mismo año, conforme consta de la certificación emitida por el Dr. ……………………, Director de Recursos Humanos del …………………… Asimismo, conforme consta de la certificación, de fecha …………… de …………. del presente año, emitida por el Dr. …………………., Secretario del ………………….., participé de las sesiones del Pleno, los días ………… y ……….. de …………….. del año en curso, por lo que me encontraba prestando mis servicios normalmente hasta el ………… de …………… del ………….. Situación que es corroborada por el listado de marcaciones de trabajadores (reloj biométrico), en donde consta la asistencia normal a mis labores y que adjunto al presente escrito de demanda. 4.- En síntesis, la resolución tomada por el Pleno del ……………………, mediante la cual, se me remueve de mis funciones de ……………….., fue tomada en sesión ordinaria de fecha ………….. de ……………. del año en curso, pero la notificación de mi remoción se la realizó el día ……………. de …………. del presente año, por lo que trabaje normalmente hasta ese día, conforme consta de los documentos que adjunto y que hice referencia en los numerales anteriores. 5.- Luego, con fecha ……………… de …………. del año en curso, presenté una petición ante el Presidente del …………………, con el objeto de que se me reconozcan los valores correspondientes a la liquidación de mis haberes, en los que se incluirán el pago de vacaciones no gozadas, la parte proporcional a los décimos tercero y cuarto sueldos, así como también la remuneración correspondiente al mes de ……………… del presente año, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 119 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa; sin embargo, hasta la actualidad no he recibido ninguna respuesta a mi pedido, por lo que se ha configurado el silencio administrativo, pues han transcurrido mas de treinta días, sin que el órgano administrativo pertinente, de contestación a mi petitorio, acto que se constituye en una negativa a mis justas pretensiones. QUINTO.- Fundamentos de Derecho:- Mi acción se encuentra fundamentada en los Arts. 1, 3 inciso segundo y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, Arts. 25 literal i), 46, 97 y 119 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. SEXTO.- Precedencia de la Reclamación Administrativa.- Conforme a la documentación que adjunto y que me he referido en líneas anteriores, justifico haber presentado la reclamación administrativa del derecho reclamado, así como también haber agotado en forma legal la vía administrativa del derecho reclamado, conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reclamación que a pesar de haber sido debidamente presentada el …………… de ……………….. del presente año, no fue contestada en ninguna forma dentro de los treinta días señalados en el artículo en mención, entendiéndose la misma como una negativa tácita a mis justas pretensiones, conforme lo acredito con el acto de constatación efectuado por el Señor Notario Público Séptimo del Cantón Loja, el día ………….. de …………… del año ………………, a las …………………, en el que se verificó por parte del fedatario público, que en los archivos documentales del …………….., específicamente en los roles de pago, no se registra cantidad alguna por concepto del pago que tengo derecho y debió realizarse, correspondiente a la remuneración de …………. del ………….., los pagos proporcionales al décimo tercer y décimo cuarto sueldos, ni los valores que corresponde a las vacaciones no gozadas durante todo el tiempo de servicio, en fin la liquidación que por ley me corresponde; documentación con la cual justifico haber agotado la vía administrativa. SEPTIMO.- Pretensión o Demanda.- Con los antecedentes expuestos, amparado en el Art. 1, Art. 3 inciso segundo, Art. 30 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, literal i) del Art. 26 y Arts. 46, 97 y 119 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, concurro ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Loja, mi juez natural, para interponer el recurso de plena jurisdicción o subjetivo, y solicitar que mediante sentencia, se digne disponer que el …………………………, realice en mi favor el pago de la liquidación de mis haberes, en los que se incluirán los valores correspondientes a las vacaciones no gozadas, la parte proporcional de los décimos tercero y cuarto sueldos, así como también la remuneración correspondiente al mes de ………………… del año en curso, que tácitamente se ha negado a liquidarme. OCTAVO.- Trámite.- El trámite que debe dársele a la presente acción es el Especial Contencioso Administrativo. NOVENO.- Cuantía.- Por la naturaleza de esta acción la cuantía la fijo en la cantidad de …………………. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. DECIMO.- Citación:- Al presidente del ………………………., en calidad de representante legal de la institución, doctor ……………………, se lo citará en las oficinas de su propio despacho, ubicado en la Av. ……………… y …………….., de la ciudad de …………….. Además, se contará con el Delegado Distrital de la Procuraduría General del Estado con sede en Loja, a quien se lo citará en su despacho, en las oficinas de la misma Delegación, en las calles Sucre y José A. Eguiguren, de esta ciudad de Loja. DECIMO PRIMERO.- Enunciación de las pruebas.- Las pruebas que presentaré dentro del término correspondiente, para establecer en debida forma el derecho reclamado y que me asiste legalmente, son documentales y testimoniales, así como todas las pruebas permitidas por el Art. 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Firmo con mi Abogado Defensor.- Dígnense atenderme.- Loja, ……… de …….. de …………

Recurso de Anulación u Objetivo-Demanda

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Señores Ministros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Fiscal Nro. 5, con Sede en Loja. Yo……………………………., ecuatoriano, C.C. ………………, de estado civil ………………, de profesión …………………., domiciliado en esta ciudad de Loja, de su jurisdicción, comedidamente ante su digna Autoridad comparezco, para exponer y solicitar lo siguiente: PRIMERO.- Notificaciones y Autorización:- Posteriores notificaciones recibiré en la Casilla Judicial Nro. …… del Distrito Judicial de Loja; y, autorizo en forma expresa al Doctor Jamil Ernesto Hurtado Reyes, Abogado, para que en mi nombre y representación firme todo escrito que sea necesario en la defensa del presente juicio, hasta su culminación. SEGUNDO.- Entidad Demandada:- El Órgano de la Administración Pública contra el que se plantea la presente acción es …………………….., debidamente representado por su presidente, el doctor ……………………….. TERCERO.- Autoridad de la que emana el Acto Administrativo Impugnado:- La autoridad de la que emana el acto administrativo impugnado materia de la presente Acción Contencioso Administrativa, es ………………… CUARTO.- Fundamentos de Hecho.- 1.- Conforme consta de la copia debidamente certificada de la Resolución …………….., que en una foja adjunto, vendrá a su conocimiento que el día ……. de ………. del año ……………. el señor ………………….. en su calidad de …………………resolvió ………………. 2.- Con fecha ……………… de …………. del año en curso, presenté una reclamación administrativa ante el Presidente del …………………, con el objeto de que se revea la resolución ………………… por cuanto restringe evidentemente el derecho de los servidores del …………………………a la educación. QUINTO.- Fundamentos de Derecho:- Mi acción se encuentra fundamentada en los Arts. 2, 3 inciso tercero y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEXTO.- Pretensión o Demanda.- Con los antecedentes expuestos, amparado en el Art. 2, Art. 3 inciso tercero, Art. 30 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concurro ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Loja, mi juez natural, para interponer el recurso de anulación u objetivo, y solicitar que mediante sentencia, se declare nula la resolución………………………..por ser ilegal. SÉPTIMO.- Trámite.- El trámite que debe dársele a la presente acción es el Especial Contencioso Administrativo. OCTAVO.- Cuantía.- Por la naturaleza de esta acción la cuantía es indeterminada. NOVENO.- Citación:- Al presidente del ………………………., en calidad de representante legal de la institución, doctor ……………………, se lo citará en las oficinas de su propio despacho, ubicado en la Av. ……………… y …………….., de la ciudad de …………….. Además, se contará con el Delegado Distrital de la Procuraduría General del Estado con sede en Loja, a quien se lo citará en su despacho, en las oficinas de la misma Delegación, en las calles Sucre y José A. Eguiguren, de esta ciudad de Loja. DECIMO.- Enunciación de las pruebas.- Las pruebas que presentaré dentro del término correspondiente, son documentales, así como todas las pruebas permitidas por el Art. 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Firmo con mi Abogado Defensor.- Dígnense atenderme.- Loja, ……… de …….. de …………

RECURSO DE ANULACIÓN U OBJETIVO

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RECURSO DE ANULACIÓN U OBJETIVO

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 395 – 396

La acción dirigida a obtener la anulación de un acto administrativo reputado ilegal, aunque no haya habido violación de un derecho subjetivo, se denomina en el Derecho francés con el nombre de contencioso objetivo o de anulación o por exceso de poder.

La razón estriba en que, en este caso, el demandante no solicita el reconocimiento de situaciones jurídicas subjetivas, sino simplemente la anulación del acto que se impugna, como un medio de defensa del derecho objetivo violado.

Al contrario de lo que ocurre en la acción de plena jurisdicción, en el contencioso de anulación solo corresponde al tribunal resolver si el funcionario que dictó el acto de autoridad de que se reclama, tenía o no competencia para ello; en caso afirmativo, establecerá si lo ejecutó de acuerdo con los requisitos y formalidades legales o se excedió en sus facultades, así con dicho acto violó algún precepto legal.

Luego, por tales causales estrictamente legales, si el tribunal considera fundado el reclamo, solo puede anularlo, sin que pueda entrar al examen de los hechos.

Este proceso en el sistema francés es, en cierto modo, unilateral, puesto que la administración no es parte, y su intervención consiste más en informar que en defender. El juicio es una especie de procedimiento de contralor de legalidad, bien que esencialmente jurisdiccional. Pues, solo se trata de una controversia sin litigio, ya que no tiene contradictor.

Existe en este juicio un interés mayor en rever el acto y en conformarlo a la legalidad, que en dar razón a la administración pública o al particular reclamante.

En síntesis, en la acción de nulidad, el actor afirma simplemente que un determinado acto administrativo es ilegal, que infringe una norma superior de derecho a fin de que la jurisdicción declare su nulidad.

Por lo mismo, la pretensión no consiste en la afirmación de unos hechos o de una causa jurídica con base en la cal se reclame un derecho, sino exclusivamente en que se declare que un acto administrativo carece de valor jurídico, por los motivos que se señalen en la demanda.

EL CONTENCIOSO DE ANULACIÓN, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 414 – 415

 

Establecido este por nuestro Derecho, tal proceso se propone la protección del derecho objetivo y del interés legítimo, por cuya razón, se lo llama precisamente contencioso objetivo o de legitimidad.

Por tanto, lo que se reclama en esta acción no es el reconocimiento de un derecho subjetivo, civil o administrativo, sino la declaración de nulidad del acto administrativo cuando ese acto adolece de un vicio legal y lesiona un interés legítimo del accionante.

En este caso, entonces, el actor afirma simplemente que un determinado acto administrativo es ilegal, que infringe una norma superior de Derecho, a fin de que el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo declare su nulidad.

En tal sentido, la pretensión no consiste en la afirmación de unos hechos o de una causa jurídica  con base en la cual se reclame un derecho, sino exclusivamente en que se declare que un acto administrativo carece de valor jurídico, por ser contrario a normas de superior jerarquía, por los motivos que se señalen en la demanda; el vicio también puede consistir en la infracción de una regla de competencia por usurpación, exceso o desviación de poder, en la irregular expedición del acto o en la falsa motivación.

En síntesis, los vicios del acto que determinan su anulación se reducen a tres: incompetencia, omisión o violación de forma, ilegalidad de contenido del acto.

De suerte, pues, que el objeto del proceso por ilegitimidad es siempre el mismo, ya que su único fin es anular totalmente un acto respecto de todos (erga omnes).

Se trata de una sanción contra la transgresión de normas positivas obligatorias para la administración pública. Y aún cuando haya un interés diferencial entre quien promueva la acción y los terceros, el fin de la acción de anulación, es siempre asegurar la legalidad para todos los administrados.

Cuando no hay interés legítimo lesionado, directo o personal y actual, no procede acción, sino denuncia, en cuyo caso el tribunal es incompetente.

El procedimiento en la pretensión de anulación es en cierto modo de instrucción. La administración pública no es propiamente parte, y su intervención consiste más en informar que en defender, por lo que, se trata, pues, de una controversia sin litigio, pues dicha pretensión no tiene contradictor, porque no se reclama un derecho contra alguien, como sucede en la pretensión de plena jurisdicción. En realidad, se enjuicia el acto, y no a la administración pública.

Aunque la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa no regula específicamente el procedimiento indispensable para el ejercicio de la acción de anulación, el lineamiento doctrinal estriba en que tal procedimiento debe ser muy sumario. Desde luego, el escrito inicial debe tener la estructura del de demanda según el juicio de plena jurisdicción; esto es, debe explicarse claramente la causa petendi y el pétitum.

Si el Tribunal estima que la demanda es oportuna puede requerir informe y documentación de la administración pública. Los plazos deben ser breves.

RECURSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

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RECURSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 393 – 394

 La pretensión procesal, que el particular sigue contra la administración, por un acto de autoridad de esta, que ha lesionado su derecho, se conoce con el nombre de acción contencioso – administrativa o de plena jurisdicción o subjetiva. Ha tenido su origen en el Derecho francés.

La acción de plena jurisdicción o subjetiva ha sido definida así por el profesor González Pérez: Es aquella en que se solicita del órgano jurisdiccional no solo la anulación del acto, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las cosas a su primitivo estado, o bien, en su caso, atendiendo una demanda de indemnización.

Se llama subjetiva, precisamente porque procede cuando se invoca lesión a un auténtico derecho subjetivo adquirido por el reclamante, con el fin de alcanzar la anulación de alguno de los actos impugnables, restableciendo el derecho que se invoca violado, y de obtener la reparación del daño causado. Decimos o de plena jurisdicción, porque el Tribunal Contencioso – Administrativo, en el conocimiento de esta pretensión, tiene jurisdicción plena, esto es, porque goza de la facultad de examinar, tanto las cuestiones de hecho como las de derecho, pudiendo reemplazar la resolución dictada por la autoridad administrativa por una nueva, diversa de aquella. Se trata, pues, de un proceso que va dirigido contra la administración, como persona moral, para exigirle el cumplimiento de las obligaciones contraídas por aquella.

Por su estructura procesal, constituye un verdadero juicio ordinario o común en lo administrativo, análogo al juicio ordinario del procedimiento civil: demanda, contestación, término de prueba, etc. En consecuencia, esta acción debe ser fundada tanto en hechos como en derecho, y debe tener un petitorio expreso; como requisito fundamental, el demandante debe acreditar que ha mediado reclamación administrativa denegada (véase Ley de Modernización del Estado Art. 38), expresa o tácitamente y, en fin que la decisión impugnada es de las que causan estado.

Además, en esta acción, las partes están, pues, en situación de igualdad. Por lo que, la decisión o fallo del tribunal, recaído en esta clase de acciones, produce, con respecto a las partes, los efectos de la cosa juzgada, en forma análoga a lo que ocurre en materia civil.

Es el caso, por ejemplo, de una medida tomada por la administración que afecta o lesiona los derechos de un servidor público que ha sido destituido ilegalmente de su cargo; luego de haber sido probado este hecho, procede la impugnación del acto administrativo correspondiente. En consecuencia, y por tratarse de un recurso contencioso – administrativo de plena jurisdicción o subjetivo (Art. 3, inciso segundo de la Ley de la materia), da lugar a la indemnización de perjuicios al actor, como reparación de la lesión que el actor ha sufrido en sus derechos, a causa del acto administrativo que le privó ilegalmente del cargo que venía desempeñando, y le inhabilitó para el desempeño de cargos públicos conforme a lo prescrito en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Fallo Nº 57, de 18 de agosto de 1969, juicio Nº 21: Lic. Ignacio Zambrano Benítez, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización; obtenido de la obra Jurisprudencia contencioso – administrativa ecuatoriana del Dr. Galo Espinoza: tomo I, 1971, p. 22, Nº 7).

EL CONTENCIOSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 412 – 413

 

Este proceso de restablecimiento del derecho, regulada por nuestro sistema legislativo vigente, consiste en que, mediante demanda, una persona afirma tener derecho a la tutela jurídica, respecto de una entidad de Derecho público o de las personas jurídicas semipúblicas, para que le reconozca, restituya o indemnice un derecho civil o administrativo, conculcado o negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.

El sujeto pasivo es una entidad de Derecho público o una persona jurídica semipública que, como tales, podrán hacer valer sus defensas en oposición a la pretensión del actor.

La pretensión de plena jurisdicción formalmente tiene una estructura análoga al juicio ordinario del procedimiento civil: demanda, excepciones, prueba, alegación y sentencia.

Por lo mismo, el proceso debe ser fundado en hechos y derecho, y tener un petitorio expreso; como requisito esencial se debe acreditar que ha mediado reclamación administrativa (Véase Art. 38 Ley de Modernización del Estado) denegada, expresa o tácitamente, y, finalmente, que la decisión impugnada es de las que causan estado, como lo establece el Art. 5 de la ley de la materia que dispone.

            Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero trámite, si estas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que ponga término a aquellas o hagan imposible su continuación.

En este proceso, las partes están, pues, en situación de igualdad. El tribunal decide en relación a la causa petendi y no solo al pétitum.

La administración es citada a juicio, en la forma ordinaria, en su representante legal. Si el acto administrativo proviniere del Ejecutivo, o si, en general, la acción se propusiere contra el Estado o sus instituciones, la demanda se citará al Procurador General del Estado.

La prueba es principalmente instrumental y pericial. La absolución de posiciones no es admisible respecto de la administración pública.

La sentencia solo tiene efectos respecto de las partes.

El término para deducir la demanda en esta vía contenciosa de plena jurisdicción será de tres meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama.

Esto no obstante, aunque el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa habla de término para deducir el recurso contencioso – administrativo, se ha de entender que se trata de plazo, en consideración a que el lapso fijado al efecto está concedido en meses y no en días, y a que el término, para ser tal, ha de estar compuesto por días y no por meses.

Por otra parte, sucede también que en determinadas leyes especiales, aquel término se reduce a tres o treinta días, o bien, se transforma, inclusive, en un plazo de quince días.

Si no se presenta la demanda dentro del respectivo lapso, se produce la caducidad del derecho para demandar, pudiendo esta aún ser declarada de oficio por el Tribunal.

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