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noviembre 25, 2009

RECURSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

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RECURSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 393 – 394

 La pretensión procesal, que el particular sigue contra la administración, por un acto de autoridad de esta, que ha lesionado su derecho, se conoce con el nombre de acción contencioso – administrativa o de plena jurisdicción o subjetiva. Ha tenido su origen en el Derecho francés.

La acción de plena jurisdicción o subjetiva ha sido definida así por el profesor González Pérez: Es aquella en que se solicita del órgano jurisdiccional no solo la anulación del acto, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las cosas a su primitivo estado, o bien, en su caso, atendiendo una demanda de indemnización.

Se llama subjetiva, precisamente porque procede cuando se invoca lesión a un auténtico derecho subjetivo adquirido por el reclamante, con el fin de alcanzar la anulación de alguno de los actos impugnables, restableciendo el derecho que se invoca violado, y de obtener la reparación del daño causado. Decimos o de plena jurisdicción, porque el Tribunal Contencioso – Administrativo, en el conocimiento de esta pretensión, tiene jurisdicción plena, esto es, porque goza de la facultad de examinar, tanto las cuestiones de hecho como las de derecho, pudiendo reemplazar la resolución dictada por la autoridad administrativa por una nueva, diversa de aquella. Se trata, pues, de un proceso que va dirigido contra la administración, como persona moral, para exigirle el cumplimiento de las obligaciones contraídas por aquella.

Por su estructura procesal, constituye un verdadero juicio ordinario o común en lo administrativo, análogo al juicio ordinario del procedimiento civil: demanda, contestación, término de prueba, etc. En consecuencia, esta acción debe ser fundada tanto en hechos como en derecho, y debe tener un petitorio expreso; como requisito fundamental, el demandante debe acreditar que ha mediado reclamación administrativa denegada (véase Ley de Modernización del Estado Art. 38), expresa o tácitamente y, en fin que la decisión impugnada es de las que causan estado.

Además, en esta acción, las partes están, pues, en situación de igualdad. Por lo que, la decisión o fallo del tribunal, recaído en esta clase de acciones, produce, con respecto a las partes, los efectos de la cosa juzgada, en forma análoga a lo que ocurre en materia civil.

Es el caso, por ejemplo, de una medida tomada por la administración que afecta o lesiona los derechos de un servidor público que ha sido destituido ilegalmente de su cargo; luego de haber sido probado este hecho, procede la impugnación del acto administrativo correspondiente. En consecuencia, y por tratarse de un recurso contencioso – administrativo de plena jurisdicción o subjetivo (Art. 3, inciso segundo de la Ley de la materia), da lugar a la indemnización de perjuicios al actor, como reparación de la lesión que el actor ha sufrido en sus derechos, a causa del acto administrativo que le privó ilegalmente del cargo que venía desempeñando, y le inhabilitó para el desempeño de cargos públicos conforme a lo prescrito en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Fallo Nº 57, de 18 de agosto de 1969, juicio Nº 21: Lic. Ignacio Zambrano Benítez, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización; obtenido de la obra Jurisprudencia contencioso – administrativa ecuatoriana del Dr. Galo Espinoza: tomo I, 1971, p. 22, Nº 7).

EL CONTENCIOSO DE PLENA JURISDICCIÓN O SUBJETIVO

 

“Derecho Administrativo”

Nicolás Granja Galindo

pp. 412 – 413

 

Este proceso de restablecimiento del derecho, regulada por nuestro sistema legislativo vigente, consiste en que, mediante demanda, una persona afirma tener derecho a la tutela jurídica, respecto de una entidad de Derecho público o de las personas jurídicas semipúblicas, para que le reconozca, restituya o indemnice un derecho civil o administrativo, conculcado o negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.

El sujeto pasivo es una entidad de Derecho público o una persona jurídica semipública que, como tales, podrán hacer valer sus defensas en oposición a la pretensión del actor.

La pretensión de plena jurisdicción formalmente tiene una estructura análoga al juicio ordinario del procedimiento civil: demanda, excepciones, prueba, alegación y sentencia.

Por lo mismo, el proceso debe ser fundado en hechos y derecho, y tener un petitorio expreso; como requisito esencial se debe acreditar que ha mediado reclamación administrativa (Véase Art. 38 Ley de Modernización del Estado) denegada, expresa o tácitamente, y, finalmente, que la decisión impugnada es de las que causan estado, como lo establece el Art. 5 de la ley de la materia que dispone.

            Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero trámite, si estas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que ponga término a aquellas o hagan imposible su continuación.

En este proceso, las partes están, pues, en situación de igualdad. El tribunal decide en relación a la causa petendi y no solo al pétitum.

La administración es citada a juicio, en la forma ordinaria, en su representante legal. Si el acto administrativo proviniere del Ejecutivo, o si, en general, la acción se propusiere contra el Estado o sus instituciones, la demanda se citará al Procurador General del Estado.

La prueba es principalmente instrumental y pericial. La absolución de posiciones no es admisible respecto de la administración pública.

La sentencia solo tiene efectos respecto de las partes.

El término para deducir la demanda en esta vía contenciosa de plena jurisdicción será de tres meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama.

Esto no obstante, aunque el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa habla de término para deducir el recurso contencioso – administrativo, se ha de entender que se trata de plazo, en consideración a que el lapso fijado al efecto está concedido en meses y no en días, y a que el término, para ser tal, ha de estar compuesto por días y no por meses.

Por otra parte, sucede también que en determinadas leyes especiales, aquel término se reduce a tres o treinta días, o bien, se transforma, inclusive, en un plazo de quince días.

Si no se presenta la demanda dentro del respectivo lapso, se produce la caducidad del derecho para demandar, pudiendo esta aún ser declarada de oficio por el Tribunal.

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